Un atentado contra ‘el derecho a la propiedad, la seguridad jurídica y de las propias personas, contra la libertad de empresa y contra el propio derecho a la vivienda’. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado hoy contundente contra la ocupación ilegal de viviendas, una situación, ha dicho, que afecta a ‘más de 9.000 casas’ en la región y de la que ha acusado al Gobierno de ser ‘cómplice’, por haber desarrollado ‘las peores leyes de vivienda que se recuerdan’.
La presidenta madrileña ha repetido un argumento que viene tiempo utilizando contra el Ejecutivo de Sánchez, en esta ocasión en referencia al problema de la ocupación y la inquiocupación. ‘Llevamos tiempo advirtiéndolo. Se normaliza el crimen y se criminaliza la vida normal’, ha vuelto a decir hoy. ‘Por eso se premia a quien delinque y se castiga a las familias que son víctimas de ocupación’, ha asegurado esta mañana tras la firma de un protocolo con el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
En virtud del acuerdo firmado se pretende facilitar la asistencia jurídica a los propietarios de una vivienda que haya sido ocupada. Si un madrileño se ve ante esta situación, podrá recibir un primer asesoramiento legal por parte de abogados y procuradores colegiados en alguna de las instituciones que han firmado el convenio sobre los pasos a seguir de cara a un proceso judicial. Se trata de facilitar un primer contacto. La asistencia posterior a partir de ese punto no será gratuita salvo para aquellas personas para quienes por situaciones de vulnerabilidad o ser víctimas de determinados delitos esté reconocida la asistencia jurídica gratuita.
Por otra parte, ha adelantado Ayuso, también se abre la posibilidad de ofrecer apoyo psicológico gratuito a los propietarios de viviendas ocupadas. Será a través de la red de 21 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito de la Comunidad. Allí, un psicólogo valorará la necesidad de apoyo y quedará a su criterio si este ha de prolongarse en el tiempo, trasladan fuentes de la Consejería de Justicia.
‘Aunque la Comunidad de Madrid carece de las competencias suficientes para solucionar definitivamente esta lacra, no vamos a ponernos de perfil’, ha señalado la presidenta madrileña, quien ha asegurado además que su gobierno ya ha abonado más de dos millones de euros en ayudas para arrendadores afectados por situaciones de impago ‘o víctimas de ocupación de sus viviendas’.
También ha destacado la puesta en marcha en 2021 del servicio 112 Ocupación, una ‘línea de atención inmediata’, gratuita las 24 horas del día, que busca dar una solución rápida a este tipo de situaciones en colaboración con las policías locales. Según el balance que ha hecho, desde que entró en funcionamiento, 246 personas han alertado sobre una ocupación de su propiedad y en 44 ocasiones ha permitido evitar una ocupación o proceder al desalojo de una vivienda.
Asimismo, ha afirmado que en la Comunidad de Madrid son deducibles en la declaración de la renta los gastos por las primas de seguros de impago de arrendamientos y que existe la opción de que el Canal de Isabel II asuma la factura del agua mientras dure la ocupación ilegal de una casa. En el primer año y medio de funcionamiento de esta medida se bonificaron 15 contratos.
Ayuso no ha dejado de cargar contra el Gobierno central, al que ha acusado de poner en práctica políticas ‘bolivarianas’ en materia de justicia y de vivienda y que, en este último caso, además están resultando en una falta de seguridad jurídica que es, ha dicho, ‘veneno’ para el mercado del alquiler y la construcción de viviendas. Según los datos que ha manejado hoy, en los dos últimos años, con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, en España se han detraído de la oferta de alquiler 120.000 inmuebles y las rentas han subido un 26%.
‘Consideramos que es absolutamente urgente, necesario, que se modifiquen todas aquellas leyes que impiden a los jueces la expulsión inmediata de okupas e inquiokupas, devolviéndoles la posibilidad de actuar con carácter urgente en los procedimientos’, ha zanjado, ‘porque, además, se convierte en vulnerable al que no lo era y en manos de personas que muchas veces, encima, no lo son’.