El Gobierno endurece los requisitos para atajar el incremento de personal interino en la Administración y dotar de más eficacia al empleo público. El decreto ley aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno contempla un periodo de prueba de tres meses para los nuevos interinos que accedan por lista de empleo y, en caso de que no superen la evaluación del desempeño, pueden ser cesados. El texto da especial importancia a la formación y a las capacidades tanto de los que ocupan temporalmente una vacante como de los que acceden a una plaza fija por oposición, con el fin de dotar de más eficacia a la gestión y evitar los problemas de lentitud y burocracia excesiva de los que adolece la Administración.
Asimismo, el decreto ley intenta zanjar el abuso de la temporalidad imponiendo el límite de tres años consecutivos en el mismo puesto y dando preferencia a otras opciones como la comisión de servicios o la promoción interna temporal de los funcionarios de carrera para ocupar las vacantes hasta que sean convocadas en una oferta de empleo.
«Se precisa que la persona interina lleve a cabo un correcto desempeño de las funciones que se le encomiendan, por lo que como sucede en cualquier organización, es imprescindible el establecimiento de la valoración de ese desempeño», recoge el decreto ley. Si el informe sobre el rendimiento del trabajador es desfavorable tras el periodo de prueba, el centro directivo que le ha asignado un puesto puede declarar su cese y ser excluido también de la lista. Las direcciones generales de Función Pública y de Calidad de los Servicios Públicos tendrán que dictaminar el instrumento que ordenará el contenido del periodo de prueba para dar seguridad jurídica a la evaluación del rendimiento.
Medidas más destacadas
Más plazas
20% adicional
Obligatoriedad
Vía telemática
Convenio
Vacantes municipales
Agilidad
Ejercicio único
Tareas administrativas
Una de las claves para dotar de más eficiencia a la gestión pública será la formación del personal tanto fijo como interino que entre nuevo en las tareas administrativas. Para ello será obligatorio un curso inicial sobre la organización y el funcionamiento de la administración general, sobre derechos y obligaciones, así como el conocimiento y manejo de las principales herramientas informáticas corporativas. El Ejecutivo entiende que para optimizar el trabajo y la prestación eficaz de los servicios públicos es necesario que el personal se ponga al día en el funcionamiento de la Administración, los procesos administrativos y los aplicativos informáticos porque el hecho de tener una titulación determinada o de superar un proceso selectivo no es suficiente para contar con todas las habilidades y conocimientos necesarios para realizar una gestión eficaz y ágil desde el principio.
El decreto ley admite que la administración es «ineficiente» y su lentitud «inaceptable»
El decreto ley contiene un amplio preámbulo donde el Ejecutivo pone en evidencia las debilidades que arrastra la Administración autonómica, que se han ido acumulando desde hace años y que las sucesivas crisis han empeorado ante la falta de recursos humanos para hacer frente a las necesidades de la población. No solo se trata del descontrol de la temporalidad –superando el 40% de media– sino también del funcionamiento «ineficiente» y «contraproducente» de las listas de empleo y la «inaceptable lentitud en la reposición de efectivos, consecuencia de la ausencia de un modelo de selección ágil, eficiente y racionalizado», recoge el texto, de forma que entre la publicación de la oferta de empleo público y su finalización pueden pasar hasta cinco o seis años.
Promoción interna
Una de las principales claves de la nueva norma es la potenciación de la promoción interna con el fin de incentivar la carrera profesional de los funcionarios que están dentro de la Administración, de tal forma que se llegará hasta el 40% de las plazas que se convoquen en el caso de los auxiliares para pasar al cuerpo de los administrativos y el resto de categorías se estipula en un 30%. También cobra especial importancia la promoción interna temporal para que el personal interesado pueda ocupar una vacante de igual o superior categoría hasta que sea ocupada tras un proceso selectivo. Asimismo el cupo de la discapacidad se incrementa del 7% al 10%.
El decreto ley es tajante a la hora de evitar incrementar la temporalidad, de tal forma que se ordena el cese del interino antes de que cumpla tres años consecutivos ocupando el mismo puesto de trabajo. Para que sea nombrada de nuevo la misma persona tienen que pasar un mínimo de nueve meses entre un llamamiento y otro, según recoge el articulado de la nueva norma.
Igualdad de género, antropólogos y juristas
El decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público crea tres nuevas especialidades en el personal funcionario para dar respuesta a las nuevas demandas de la Administración. En el cuerpo de administradores generales se crea la especialidad en igualdad de género para desarrollar las funciones relativas a la implementación de la perspectiva de género en las políticas públicas, así como para el diseño, desarrollo y coordinación de las medidas que en materia de igualdad entre mujeres y hombres implemente el Gobierno de Canarias.
En la escala de técnicos facultativos superiores surge la especialidad de antropología, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la política autonómica en materia de reto demográfico, complementando los perfiles profesionales del personal funcionario de la administración pública. Por su parte, también en el cuerpo superior de administradores, escala de administradores generales, se crea la especialidad jurídica, que tendrá como funciones propias prestar asesoramiento jurídico especializado, elaboración de informes técnico-jurídicos, estudios jurídicos, convenios, bases reguladoras, pliegos de contratación, elaboración de disposiciones normativas, resolución de recursos administrativos, así como la realización de informes relacionados con la defensa en juicio de la Administración pública para su remisión a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y para la ejecución de resoluciones judiciales. Estas nuevas especialidades entrarán en los próximos procesos selectivos que se convoquen.