Choque de legitimidades por la amnistía: el Gobierno carga contra las ‘interferencias’ judiciales mientras el TC cree una ofensa anticipar su postura

Tras la segunda huida de Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, y aún pendiente una decisión final del Tribunal Supremo sobre la postura del juez Pablo Llarena, que encuentra en la presunta malversación cometida por el líder del procés un obstáculo insalvable para poder aplicarle la ley de amnistía, el debate político ha vuelto a centrarse en las dificultades que la norma está encontrando en el alto tribunal. Los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños critican las decisiones adoptadas hasta el momento y el PP pone el acento en que desde el Ejecutivo se dé por supuesto que el Tribunal Constitucional acabará aplicando la ley al expresident. Mientras tanto, crece el malestar en el seno de ambos órganos, que exigen respeto.