El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este lunes que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya validado la estrategia de ‘estrangular’ la publicación y comercialización de viviendas turísticas ilegales a través de la plataforma de Airbnb; así como que haya confirmado que se trata de una competencia del Ministerio de Consumo.
‘Me alegro enormemente de que el Tribunal Superior de Justicia lo respalde, pero efectivamente esto prueba lo que nosotros hemos dicho desde el primer momento, que estará en una competencia del Gobierno de España’, ha trasladado Almeida en declaraciones a los medios desde Orcasitas, en las que también ha reclamado al ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que ‘proceda en consecuencia’.
Tras insistir en que esta resolución del TSJM se corresponde con lo que siempre ha defendido sobre la necesidad de acabar con la oferta ilegal desde las plataformas comercializadoras, Almeida ha recalcado que también confirma que ‘los ayuntamientos éramos el último eslabón de la cadena’ en esta compleja situación. Según el alcalde, el Consistorio quiere asumir también su parte de responsabilidad, pero para ello es necesario ese ‘paso previo por parte del Gobierno de España’ respecto a Airbnb y el resto de plataformas.
El TSJM ordena eliminar casi 6.000 anuncios
El Ministerio liderado por Bustinduy está empeñado en acabar con las ofertas de viviendas de uso turístico (VUT) que no cumplen con la normativa publicitaria vigente. En los últimos meses, Consumo ha notificado hasta tres resoluciones a Airbnb instando a bloquear un total de 65.935 anuncios ilegales de pisos ubicados en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.
En concreto, se vulnera la normativa al no incorporar los anuncios el número de licencia o registro (la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada), no indicar la naturaleza jurídica de los arrendadores o los números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades. Airbnb recurrió judicialmente estos requerimientos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado a Consumo y ha ordenado eliminar una primera tanda de 5.800 anuncios. La Dirección General de Consumo ha dirigido sus requerimientos a la filial irlandesa de Airbnb, subrayando el carácter ilícito de los anuncios y la obligación de ajustarse a la ley.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha defendido que Bustinduy ‘ha hecho más por la vivienda en Madrid en menos de dos años de mandato que Ayuso y Almeida en cinco años’, pese a ser quienes tienen ‘las competencias principales en la vivienda’. ‘Lo que queremos, una vez más, es que el Ayuntamiento de Madrid actúe, que la Comunidad de Madrid actúe y que demuestren que trabajan por el bien común y por la mayoría y no por los intereses de una pandilla pequeña de especuladores.