‘La mayor infamia de Pedro Sánchez’. Así se ha referido hoy la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, al reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península de acuerdo con los criterios incluidos en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada hoy en el Congreso de los Diputados. La reforma fue pactada entre el Gobierno y Junts, formación que cuando informó del acuerdo dio a conocer una estimación según la cual a Cataluña serían enviados entre 20 y 30 y a Madrid, alrededor de 700.
La reforma, ha opinado Dávila, establece el reparto forzoso de miles de menores ‘como si fuesen paquetes’ y como ‘monedas de cambio’ para que el presidente del Gobierno permanezca en el poder. La consejera madrileña ha acusado también a Sánchez de emplear la fórmula ‘inventada por un prófugo de la justicia desde Waterloo’, en referencia a Carles Puigdemont, para dañar a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y ha recordado que, según esas estimaciones, a tres autonomías populares, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, les corresponden casi 2.000 de los 4.400 menores que deberán salir de Canarias y Ceuta, frente a los 29 que se asignarían a Cataluña.
Dávila ha acusado, además, a Cataluña de ‘inventarse un sobreesfuerzo’. Entre los criterios contemplados para establecer ese reparto se consideran aspectos como la población de cada comunidad autónoma, su renta per capita o su tasa de paro, pero también el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de su red de atención a menores tutelados o el esfuerzo de acogida ya realizado. ‘La realidad’, ha asegurado la consejera madrileña, ‘es que Cataluña ha creado cinco nuevas plazas para atender a estos menores en los últimos dos años, cuando la Comunidad de Madrid ha creado 362’.
La consejera ha insistido en el dato de 2.442 menores migrantes no acompañados atendidos en Madrid a lo largo de 2024 que ya trasladó al Gobierno central y ha señalado que en lo que va de 2025 han sido 1.028. Además, ha revelado el número total de plazas de que dispone para atender a menores tutelados, tanto nacionales como migrantes no acompañados: 2.176. La red, ha vuelto a decir, está ‘tensionada’ y ‘sobreocupada’.
Dávila ha asegurado, asimismo, que el Gobierno madrileño seguirá peleando contra un reparto que considera ‘absolutamente ilegal’ y que ‘invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas’. La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley 2/2025 que hoy ratifica el Congreso de los Diputados.