La Fiscalía archiva la denuncia de Más Madrid y respalda la actuación del Ayuntamiento frente a los pisos turísticos ilegales

La Fiscalía de Madrid ha archivado la denuncia presentada por Más Madrid en la que acusaba al Ayuntamiento de prevaricación por la supuesta inacción frente a las viviendas turísticas ilegales. El fiscal considera que el Gobierno municipal “ha actuado con diligencia en todo lo relativo a la inspección y disciplina urbanística en relación con las Viviendas de Uso Turístico localizadas en el municipio de Madrid”, según ha informado en una nota el Consistorio.

La denuncia, interpuesta el pasado mes de abril por Más Madrid, se basaba en otra previa presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en junio de este año, en la que se comunicaba la existencia de 10.134 pisos turísticos ilegales en la capital. La formación liderada por Rita Maestre sostenía que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida había incurrido en un “claro sesgo intencional” al no inspeccionar las viviendas denunciadas por la FRAVM, lo que, a su entender, evidenciaba una voluntad de proteger “los intereses económicos” vinculados a esta actividad.

Más Madrid denunciaba también la supresión, por parte del actual Ejecutivo municipal, del servicio específico de inspección de viviendas turísticas creado en 2018, así como la eliminación de la mitad de los puestos de trabajo dedicados a esta labor. Asimismo, aseguraban que no se estaban imponiendo sanciones, citando como ejemplo la presunta falta de actuación ante un alojamiento ilegal ubicado en la calle Mancebos, 4.

Repuesta ‘detallada y justificada’ del Ayuntamiento

Sin embargo, la Fiscalía considera “detallada y justificada” la información aportada por el Ayuntamiento y desmonta los argumentos de la oposición. En su decreto de archivo, frente al que no cabe recurso alguno, el fiscal investigador valora positivamente la actuación municipal y afirma que se han inspeccionado “un número muy significativo de viviendas —con la complejidad y dificultad que ello conlleva—”.

Además, señala que se han desarrollado planes de inspección específicos, se ha reforzado progresivamente el personal destinado a estas tareas y se han impuesto “un número elevado de sanciones, derivadas de un número igualmente abultado de expedientes sancionadores”. También destaca que se ha recurrido con frecuencia —hasta en 1.265 ocasiones— al mecanismo de la multa coercitiva como herramienta sancionadora.

Respecto a la organización del personal, el fiscal rechaza que la no existencia de una unidad exclusiva dedicada a los pisos turísticos pueda considerarse una irregularidad: “Aunque no están integrados en una unidad exclusiva, sí trabajan para el servicio de disciplina urbanística, lo cual no parece una decisión reprochable ni mucho menos ilícita”, expone el comunciado difundido este lunes por el Consistorio madrileño.

‘Más Madrid debería pedir disculpas’

‘Más Madrid y, concretamente, Rita Maestre, deberían pedir disculpas al equipo de Gobierno municipal’, ha declarado esta mañana la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ‘no sólo por haber interpuesto esa denuncia sino sobre todo porque el varapalo que le pega este auto de la Fiscalía’. Según Sanz, el auto viene a ‘a refrendar total y absolutamente la actuación que estamos llevando a cabo en los últimos tiempos’, la cual se reforzará próximamente con la aprobación definitiva del Plan Reside por parte del Consejo de Gobierno regional.

Por su partes, desde Más Madrid, la concejala Lucía Lois ha replicado al archivo de la denuncia afirmando que, si bien respetan la decisión judicial, no están ‘de acuerdo con la definición que hace de la diligencia con la que actúa’ el Ayuntamiento. ‘Un año después de las 10.000 denuncias de la AFRAM, Almeida solo puede dar datos de procedimientos en tramitación, pero ni uno solo terminado ni una sola vivienda recuperada para el uso residencial’, ha criticado Lois en un audio remitido a los medios, en el que reclama ‘considerar como prueba de la actividad sin licencia la publicación en plataformas y proceder al cierre real de los pisos turísticos ilegales’.

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