El Ministerio de Juventud e Infancia lleva más de un año trabajando en una encuesta sobre el estado de violencia en la infancia del país. Aunque todavía no está finalizada, la ministra Sira Rego reconoce que los datos son desalentadores. Por ello, el Gobierno quiere reforzar los derechos de los niños y niñas y abrir un debate social sobre el problema.
Rego compara esta iniciativa con el proceso que llevó la violencia de género al centro del debate público, sacándola del ámbito privado. Para ir hacia ese camino, la ministra ha presentado este lunes el Grupo de Personas Expertas para la mejora de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), con especial atención a la violencia vicaria.
La idea es que, entre todas, elaboren un borrador con las primeras propuestas de ampliación de la norma en abril. El trabajo buscará, entre otras cuestiones, poner el foco en la reparación de las víctimas o en el blindaje de derechos de la infancia en el país. Después, deberá consensuarse con el resto de grupos parlamentarios.
Escuchar a los menores
Junto a juristas, trabajadoras sociales o profesionales sanitarias, Rego ha señalado que esperan toparse con resistencias. ‘Pero hemos venido aquí a trabajar y a agitar los marcos. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar’, ha añadido.
Lo que quieren conseguir, ante todo, es que se escuche a los niños y niñas. ‘Hay que hacer un ejercicio absolutamente exigente y garantista en el derecho que tienen los niños y niñas a ser escuchados y creídos. Esto tiene que formar parte del centro de la modificación [de la Lopivi]’, ha expuesto la ministra, que también ha destacado la importancia de incluir ‘mecanismos concretos’ de adaptación de la justicia a la perspectiva de infancia.
Uno de los avances recientes en esta materia es la creación de juzgados especializados en violencia infantil, aunque llegan con tres años de retraso respecto a lo que marcaba la Lopivi.
Doce especialistas
El comité elegido para comenzar los trabajos de ampliación de la Lopivi está compuesto por 12 especialistas en ámbitos como la judicatura, la psicología, la sociología, la pediatría o el trabajo social. Lo preside Isabel Giménez, magistrada y pionera en el dictamen de sentencias sobre casos de violencia vicaria y miembro del consejo consultivo de la Asociación de Mujeres Juezas.
Ella ha lamentado que la violencia vicaria no esté regulada en el Código Penal como delito. ‘Queremos que se visibilice no solo cuando hay muertes, sino que se haga una labor preventiva. Los profesionales debemos tener indicadores de riesgo con los que poder trabajar para proteger a niños y niñas frente a las violencias desde el minuto uno’, ha señalado Giménez.
‘Tenemos una ley [Lopivi] maravillosa, pero muy programática. Necesitamos resoluciones judiciales y medidas cautelares desde el minuto uno en que un niño o niña denuncia una agresión sexual o malos tratos’, ha resaltado. Y eso, han asegurado ambas, se consigue dándoles voz y credibilidad.