Inicialmente prevista para este martes 20 de mayo, la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha decidido posponer la manifestación convocada contra la concesión de 8.500 nuevas licencias de VTC a Cabify tras recibir una avalancha de solicitudes de participación de taxistas de otras comunidades autónomas. La movilización, que denuncia irregularidades en los procesos de adjudicación de estas autorizaciones, se celebrará finalmente el miércoles 28 de mayo, manteniendo el mismo recorrido previsto.
El cambio de fecha, comunicado a la Delegación del Gobierno de Madrid, responde a la necesidad de dar cabida a un creciente malestar sectorial que, según la FPTM, ya no se limita a la Comunidad de Madrid. ‘Las irregularidades en las autorizaciones de VTC se extienden por toda España. Esto ya no es una protesta local, sino una lucha nacional’, afirma Julio Sanz, presidente de la Federación.
La marcha arrancará a las 10:00 horas desde las inmediaciones del Ministerio de Economía, para avanzar por el Paseo de la Castellana hasta la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde finalizará frente a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Durante el trayecto, los representantes del taxi harán una parada estratégica en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para entregar un escrito que reclama un «equilibrio real y justo» entre las licencias de taxi y las VTC, un conflicto que lleva años enfrentando a ambos sectores.
Un grito nacional contra las ‘trampas’
La FPTM insiste en que el modelo actual de concesión de VTC —que limita su número a una licencia por cada 30 taxis— se incumple de forma generalizada, favoreciendo a empresas como Cabify. ‘No hablamos de casos aislados, sino de un sistema viciado que perjudica a miles de profesionales’, subraya Sanz. La federación exige auditorías independientes y controles más estrictos para frenar lo que califican como ‘competencia desleal’.
Según la entidad, Cabify aportó documentos de vehículos que no estaban a su disposición, ya que pertenecían a flotas de alquiler o renting, e incluso algunos habían sido vendidos antes de la solicitud. Estas prácticas, critica la FPTM, incumplen las exigencias establecidas por el Gobierno regional para la concesión de licencias y evidencian una estrategia para obtener autorizaciones de manera indebida.
Cabify defiende la generación de empleo en la región
En respuesta a las acusaciones vertidas a principios de mes, fuentes de Cabify han criticado la ‘imagen de desconocimiento generalizado’ ofrecida por el sector del taxi. Según estas fuentes, la compañía cumple siempre con todos los requisitos normativos preceptivos, incluida en la documentación presentada a la Comunidad para la solicitud de estas 8.500 licencias.
La prueba de que no existen irregularidades, apuntan, queda patente en el hecho de que el Gobierno regional ‘no identificara ningún defecto’ en estos documentos, debiéndose la denegación a otros motivos que el TSJM ha ‘dictaminado recientemen que eran, en cualquier caso, contrarios a Derecho’.
‘El sector del taxi demuestra con este tipo de declaraciones que poco le importan los beneficios para los ciudadanos’, lamentan desde Cabify, que defiende que siempre han abogado ‘por la convicencia y colaboración de todo el sector’. Según la compañía, no hay que olvidar que ‘estas licencias son una oportunidad de generación de empleo de calidad y riqueza para toda la región y miles de personas, tal y como han defendido, además, los sindicatos’.