CCOO Sanidad Madrid ha tumbado en los tribunales la negativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al reconocimiento y abono de las horas extraordinarias realizadas por un facultativo de la Dirección General de Salud Pública durante los meses de marzo a mayo del año 2020 con motivo de la crisis sanitaria originada por el coronavirus.
El juzgado número 1 de lo Social ha estimado la demanda de CCOO Sanidad Madrid y condena a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a abonar al trabajador la cantidad de 7188,3 euros, en concepto de deuda salarial, más el 10% en concepto de intereses de demora. Y abre la puerta a que la Administración regional pueda interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El médico afectado estaba prestando servicios para la Comunidad de Madrid, con la vinculación al Convenio de Personal Laboral de la Administración de la Comunidad de Madrid, en la categoría de Titulado Superior Especialista. Desde el 29 de febrero al 7 de mayo del año 2020, debido a la situación provocada por la pandemia del coronavirus, el trabajador se vio obligado a realizar 420 horas extraordinarias.
400 horas extras
En el mes de diciembre del 2021, la Comunidad de Madrid le abonó una cantidad, en concepto de 210 horas extraordinarias, reconociendo solo el 50% del total real de las horas extras trabajadas, señala el sindicato que interpuso ‘la correspondiente reclamación previa, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hizo caso omiso de las reclamaciones del trabajador que solicitaba la compensación de las más de 400 horas extraordinarias, realizadas durante los periodos más duros de la pandemia, y en jornadas superiores a las 16 horas diarias’.
Finalmente, el sindicato ‘se vio obligado a interponer una demanda judicial en materia de derechos y cantidades’. CCOO Sanidad Madrid ‘lamenta que se den este tipo de situaciones en las que la Administración Pública niega el reconocimiento de la labor realizada por los profesionales sanitarios, obligando a los mismos a defender sus derechos judicialmente’. Y ‘censura, asimismo, la actitud del Gobierno de la Comunidad a pesar de la coyuntura extrema en la que se dio la circunstancia que obligó al trabajador a litigar’.