A finales de la pasada semana, en la mañana del viernes, Vox anunciaba la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones en Getafe, el sexto municipio por población de la Comunidad de Madrid, con 189.906 habitantes. ‘Estamos ante un ataque directo a la libertad de movimiento y a la privacidad de los vecinos, que ahora ven sus calles llenas de cámaras y sus rutinas diarias condicionadas por una norma injusta’, aseguraba el portavoz del partido de ultraderecha en la localidad. Ayer mismo, la cabeza visible en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, volvía a la carga. ‘La zona de bajas emisiones supone un ataque a la libertad de los vecinos de Getafe, es un castigo económico innecesario, carece de los requisitos técnicos y no existe un problema medioambiental’, afirmaba repitiendo la retórica habitual del partido en este asunto.
No es, ni mucho menos, la primera vez que Vox acude a la justicia contra las restricciones a la circulación de vehículos contaminantes en municipios madrileños y, según trasladan fuentes de la formación, no será la última. De aquí a verano se presentarán nuevos recursos que se sumarán a los ya interpuestos por las ZBE en Madrid, Fuenlabrada y, ahora, Getafe. El partido ha hecho de la oposición a las ZBE una de sus banderas, un frente que, por un lado, encaja con su discurso negacionista del cambio climático y contra la Agenda 2030, y, por otro, le permite confrontar no solo con la izquierda sino también, y de manera abierta, con el PP, impulsor desde muchos ayuntamientos de las zonas restringidas.
El establecimiento de ZBE es una obligación legal para municipios de más de 50.000 habitantes recogida en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En total, en España son 153 las localidades obligadas a implantarlas, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de los que 49 ya lo han hecho y a los que se suman otros tres que han procedido a acotarlas pese a no tener la obligación legal de hacerlo: Gavà, Sant Joan Despí y Sant Adrià de Besòs, los tres en la provincia de Barcelona.
En la Comunidad de Madrid, de acuerdo con los datos del ministerio que dirige Sara Aagesen, las zonas de bajas emisiones ya están vigentes en nueve municipios y se encuentran en trámite de ser aprobadas en otros 13. Y de momento Vox ha dado batalla legal en contra en tres de ellos, uno gobernado por el PP, la propia ciudad de Madrid, y dos por el PSOE, Fuenlabrada y Getafe. La resolución del TSJM que tumbaba las ZBE en la capital tras estimar parcialmente el recurso de Vox el pasado septiembre dio alas a los de Abascal en la región.
La sentencia no cuestionaba la potestad del Ayuntamiento para establecer zonas de bajas emisiones. Lo que cuestionaba era cómo se había hecho. Entre otros aspectos subrayaba la ‘patente insuficiencia’ del informe de impacto económico, que no consideraba una evaluación sobre si la medida pudiera producir ‘un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente’.
La anulación de las ZBE en la capital no se ha llegado a hacer efectiva. Los servicios jurídicos recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia, que en tanto no sea firme, no tiene por qué aplicarse. En paralelo, Cibeles trabaja en una ordenanza de movilidad alternativa que subsane las deficiencias detectadas en la que tumbó el TSJM de manera que pueda entrar en vigor antes del pronunciamiento del Supremo ante la eventualidad de que fuese desfavorable.
Aun así, no hay Pleno del Ayuntamiento de la capital en que bien el portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, bien el concejal que representa al partido en la comisión de Urbanismo, Ignacio Ansaldo, cuando no los dos, aireen el tema y exijan a Almeida el acatamiento del auto judicial.
A mediados del pasado marzo, desde Vox Fuenlabrada se informó de que se había presentado recurso ante el TSJM contra la implantación en la localidad de una ZBE definida como ‘un peaje encubierto que limita la movilidad y supone un nuevo coste para los ciudadanos’, por la portavoz en el consistorio del partido, Beatriz López-Roberts. En realidad, se había presentado en septiembre pero había quedado paralizado por un tiempo ante algún tipo de requerimiento. En el comunicado en el que publicaban la presentación del recurso, en cualquier caso, aprovechaban para lanzar una pulla al PP, sin mencionarlo, al afirmar que acudiendo a los tribunales se daba un paso más ‘mientras otros partidos se han limitado a recoger firmas’.
No ha sido así en Getafe, donde el PP local, además de anunciar una campaña de recogida de firmas, ha presentado su propio recurso contra la ZBE planteada por el equipo de la alcaldesa socialista Sara Hernández. Los populares califican la delimitación que se ha hecho de ‘abusiva, extensa y restrictiva’ y plantean reducirla ‘a la mínima expresión’.
Vox, entretanto, continuará presentando nuevos recursos en esta materia próximamente, aunque aún no adelantan en qué municipios. Se está estudiando, transmiten. De momento, además de Madrid, Fuenlabrada y Getafe, ya hay ZBE vigentes en cinco localidades con alcaldes del PP, Boadilla del Monte, Las Rozas, Tres Cantos, Alcobendas y Torrejón de Ardoz, y uno con alcaldesa de Izquierda Unida, Rivas Vaciamadrid. En los seis el partido de ultraderecha tiene concejales en la oposición.
