Hace tres meses, en noviembre de 2024, la Comunidad de Madrid puso en marcha un servicio de atención telefónica específico para personas con problemas de adicción a estupefacientes. Un 012 contra las Drogas, que se engloba dentro de las 75 medidas del plan regional antidrogas presentado unos días antes por Isabel Díaz Ayuso. El recurso es aún poco conocido, pero en la Comunidad creen que es clave para avanzar en la cruzada que ha emprendido la presidenta madrileña para paliar el consumo y los efectos de los narcóticos. De momento, tres meses después, se han recibido 70 llamadas, una llamada por día de media.
La dirigente autonómica lleva desde la pasada legislatura empeñada en que las drogas ocupen un lugar privilegiado en los medios de comunicación. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, lo confirmaba este lunes en la presentación del primer estudio de percepción de las drogas en la Comunidad, apuntando que con el plan regional puesto en marcha y la nueva ley contra los derivados del cannabis que están ultimando buscan ‘introducir en la agenda política’ el problema que generan las drogas.
Según avanzó García, 23 de las iniciativas incluidas en el plan están ya en marcha, como el análisis en aguas residuales para la detección de sustancias, que permite conocer los flujos de consumo y el tipo de sustancias consumidas, explican en el Gobierno regional. La del 012 es una de ellas, y los datos señalan que el 43% de las personas que lo utilizan son los propios consumidores mientras que un 31% de las llamadas que reciben las realizan los padres y madres de jóvenes que se han introducido en el mundo de las drogas o que piden información para conocer qué recursos existen en caso de necesitarlo.
La información que facilitó García señala también que hay más consultas por cuestiones relativas al cannabis que a otras drogas consideradas más duras. En concreto, el 31% de las llamadas están vinculadas al uso de la marihuana, mientras que las consultas por consumo de cocaína se reducen al 24%.
Más control en aeropuertos
En el equipo de la presidenta madrileña repiten que las drogas están directamente relacionas con muchos problemas de ‘marginalidad, delincuencia, soledad, violencia y salud mental’, y reclaman al Gobierno de la nación que se ponga de su lado en este asunto y colabore. Este es un problema global, apuntan, y argumentan que solo es posible combatirlo si se afronta desde distintos ámbitos. Por ejemplo, la seguridad y el control de acceso, aspectos que son responsabilidad del Ejecutivo central y donde el regional pone el foco para cargar contra Moncloa.
‘La lucha contra las drogas nos concierne a todos, por eso pido a otras administraciones públicas, en particular al Gobierno central, que se sumen con sus propias medidas (…) y refuerce los controles en lugares de entrada como el aeropuerto, más medios para las fuerzas de seguridad del Estado y exija a todos sus ministros que no sean ambiguos con uso de ningún tipo de drogas’, explicaba García, aludiendo con esto último especialmente a la ministra de Sanidad, Mónica García. Ayuso ha cargado contra ella y contra la izquierda en general porque considera que ‘fomenta’ el consumo de drogas mediante la regularización del cannabis para su uso medicinal.
Del CBD a la regulación con uso terapéutico
La presentación del plan y la nueva ley contra los productos derivados del cannabis (CBD) son para el ejecutivo autonómico otra herramienta más de confrontación. Así, Ayuso se erige como una dirigente política que aboga por la mayor restricción posible al consumo y venta de este tipo de productos, contraponiéndose a un Ministerio de Sanidad que regula el consumo de determinados derivados, aunque en sus críticas al departamento de García eluden especificar que las normas que ha puesto sobre la mesa la ministra están dirigidas a fines terapéuticos y siempre con prescripción médica. De hecho, García deja fuera de toda regulación los cogollos de marihuana y el autocultivo porque su control es complicado.
En la Comunidad de Madrid, en cualquier caso, tienen el Plan Regional dotado con 200 millones de euros para cuatro años con el que seguirán enarbolando esta cruzada, por la que han empezado a realizar estudios de percepción presentado ayer y que prevén repetir más adelante, y que les servirá, explican, para acotar nuevas campañas de prevención, similares a la ya lanzada contra el consumo de porros.
