Transformación Digital busca dar un paso hacia ‘una administración más inclusiva’ con un nuevo marco legal laboral

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública está trabajando en un nuevo Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística del 2021, una de cada cuatro personas con discapacidad (24%) trabajan en el sector público. Esto supone más de 125.000 personas. Con este nuevo Real Decreto, que sustituirá al actual, el Gobierno pretende para adaptarse a las nuevas normas y avances sociales y tecnológicos que se han ido aprobando en los últimos años.

Además de actualizar las políticas de empleo público para las personas con discapacidad, la norma, según explica el ministerio, quiere incorporar medidas que faciliten su acceso y permanencia en puestos de trabajo adaptados a sus capacidades y necesidades. El proyecto reglamentario estará en consulta desde este martes, 3 de diciembre, hasta el 3 de enero de 2025.

Adaptación a la normativa y a la evolución tecnológica

Los principales problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa son dos. En primer lugar, la adaptación a las normativas internacionales y nacionales. Desde 2004 se han adoptado, entre otros, instrumentos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, o el Real Decreto-Ley 6/2023, que incrementa el cupo de reserva en los procesos selectivos y promueve la participación de estas personas en los órganos de selección.

En segundo lugar, ‘la evolución tecnológica y los cambios sociales exigen la implementación de procesos selectivos más accesibles y adaptados, así como la provisión de puestos de trabajo que consideren las necesidades específicas de estas personas, promoviendo la igualdad de oportunidades y eliminando o reduciendo las barreras físicas, tecnológicas y procedimentales’.

También se actualizará el cupo de reserva, que actualmente se mantiene en el 10% -2% para personas que acrediten discapacidad intelectual y un 8% para personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad- y se fomentará la igualdad de oportunidades en la carrera profesional, facilitando la promoción interna y la movilidad en condiciones de igualdad.

Además, cabe la posibilidad de que consideren el desarrollo de programas de sensibilización, formación y buenas prácticas orientados a fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público. 

‘Con este Real Decreto se da un paso más en la consolidación de una Administración inclusiva y representativa, atendiendo a las demandas sociales. Igualmente, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación para mejorar las medidas adoptadas, con la participación del tercer sector y con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad’, concluyen.

Discapacidad y trabajo

A día de hoy, de los 1,58 millones de personas con discapacidad en edad laboral (de 16 a 64 años), en 2020 estaban trabajando 370.000 (192.000 mujeres y 178.000 hombres), mientras que 160.400 buscaban empleo (84.100 mujeres y 76.200 hombres). Por tanto, la tasa de actividad de las personas con discapacidad asciende al 33,5 %, quedándose 40 puntos porcentuales por debajo de la tasa de actividad total, según datos del estudio <em>Las personas con discapacidad en España: actividad, empleo y calidad de vida</em>, publicado por Funcas el pasado jueves.

‘Sin duda, una parte importante de esa diferencia entre ambas tasas de actividad responde a que la propia discapacidad impide trabajar a muchas de las personas que la sufren’, indican los autores. ‘Pero también es posible que algunas personas con discapacidad sean inactivas por haber desistido de buscar trabajo, bien porque lo han intentado repetidamente sin éxito, bien porque, anticipando el fracaso, no toman la decisión de hacerlo ni siquiera por primera vez’, añaden. Además, resaltan lo ‘preocupante’ que es que ‘la tasa de paro de las personas con discapacidad (30,2%) doble a la de la población total (15,6%)’. En este sentido, aumentar las posibilidades del sector público puede ser positivo para esta población.

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