La DANA no hace más que sumar cifras desoladoras. 218 fallecidos, más de 40 carreteras cortadas y cientos de viviendas destruidas por un torrente de lluvias que ha asolado a diferentes áreas del país, siendo Valencia la zona más golpeada de todas, con 211 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana.
Una terrorífica semana que ha contado también con otras grandes cifras, de tinte esperanzador. Una de ellas son los 15.000 voluntarios acudieron a la Ciudad de las Artes y las Ciencias para ser distribuidos por autobuses a las zonas más dañadas del sureste peninsular.
Debido a la emergencia de la situación, el Ejecutivo Central ha decidido intervenir conforme a las peticiones de emergencia por parte de las competencias afectadas y aprobar este martes 5 de noviembre un Real Decreto, a través del Consejo de Ministros, para declarar como ‘zona gravemente afectada’ o ‘zona catastrófica’ las zonas perjudicadas por las consecuencias de la DANA.
¿Qué es una zona catastrófica?
Una ‘zona catastrófica’ es aquella que ha sufrido daños personales o materiales a causa de una catástrofe natural, como en este caso con la DANA. En términos de ley, este decreto está regulado en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, aprobada en 2015. Una Ley 17/2015 con luz verde desde el 9 de julio de ese año cuyo artículo 23 dicta lo siguiente acerca de su aplicación: ‘Condición reservada a siniestros que perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales’.
Antecedentes
La primera vez que se usó esta competencia de emergencia legislativa fue en 2016 cuando se produjo un temporal similar de lluvias con inundaciones que afectaron también a la Comunitat Valenciana y a las provincias andaluzas de Málaga, Huelva y Cádiz. Como precedentes más recientes tenemos la Borrasca Filomena en 2021, la erupción del volcán de La Palma en ese mismo año, y por último este 2024 con el incendio del barrio del Campanar en Valencia.
¿Quién la pide y quién la gestiona?
La declaración puede ser solicitada por los titulares de las Administraciones Públicas, ya sean provincias con los ayuntamientos o directamente las comunidades autónomas con sus gobiernos. Entonces, será cuando el Ejecutivo Central acuerde la petición con el Consejo de Ministros, y a propuesta del Ministerio de Hacienda e Interior.
La valoración de los daños materiales y personales de la catástrofe por parte del Gobierno será clave para aceptar la tramitación de una solicitud que debe llevarse a cabo en la “fase de recuperación” del siniestro, cuando ya hubieran terminado las acciones de respuesta inmediata a la emergencia.
¿Qué ayudas reciben los ciudadanos?
Esta declaración favorecerá en una serie de aspectos a aquellos afectados por la catástrofe. En el campo fiscal, el artículo 24 de la ley mencionada habla sobre las medidas que puede adoptar el Gobierno para aquellos ciudadanos de la zona perjudicada, donde incluye diferentes tipos de exenciones y reducciones en las cuotas de impuesto en determinados bienes que son objeto directo de daño.
Hablamos del descargo en los impuestos sobre Bienes Inmuebles, al poder conllevar la reparación parcial o total de viviendas o locales; la bajada de la cantidad de tributo en el impuesto sobre Actividades Económicas, para aquellos establecimientos e industrias cuyo negocio se ha visto frenado; o la exoneración de las tasas de Tráfico por vehículos dañados o extraviados.
También existen medidas laborales, donde se contempla la extinción de contratos y reducciones de jornada si la fuerza mayor es vinculante a las consecuencias de la catástrofe. Se autorizará que el trabajador perciba las prestaciones por desempleo, sin que compute en tiempo de paro, y también dispensar o aplazar a los plazos de los pagos por la Seguridad Social.
Por último, aunque no se ejecuten a modo de subvención total o indemnización, la Comisión de Coordinación encargada de ayudar a los afectados llevará a cabo un plan de reparación y de apoyo económico a través de la gestión de los desperfectos materiales, como los hogares o enseres de primera necesidad.
