La reducción de jornada laboral atraviesa su enésimo revés, esta vez al filo de su desembarco final en el Consejo de Ministros. Después de las idas y venidas con la patronal, que se terminó descolgando, o el intento fallido de acercarse al PP para pedir su respaldo, ahora la iniciativa estrella de Yolanda Díaz se topa con el socio mayoritario de la coalición, con quien ha vivido dos importantes choques en las últimas horas.
Uno de los pulsos que se está librando entre la vicepresidenta segunda y el ala socialista del Gobierno es la cuestión de los plazos de aplicación. La ministra de Trabajo lleva meses negociando la medida con los sindicatos y prevé firmar de forma inminente la propuesta, que contempla la reducción de la hornada laboral a 37,5 horas semanales. La idea es que llegue al Consejo de Ministros a principios de 2025, y que entre en vigor en verano.
Sin embargo, se están encontrando resistencias de los ministerios del PSOE, que en los últimos días dilatan su entrada en vigor, asegurando que ‘lo importante es que salga esta legislatura’, señalan fuentes socialistas del Ejecutivo. En el acuerdo de Gobierno de coalición firmado tras las generales, PSOE y Sumar se comprometían a implantar la medida ya para 2024, pero el diálogo social con empresarios y sindicatos obligó a posponer su aprobación a 2025.
Sumar ve a Cuerpo como ‘la voz de la patronal’
Este mismo miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió en La Sexta la opción de retrasar la aplicación de la reducción de jornada, asegurando que debe tener una entrada en vigor ‘suave’ y ‘gradual’, llamando también a elaborar una ‘propuesta equilibrada’ que despierte el consenso del resto de partidos.
Si este pasado martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insistía tras el Consejo de Ministros en que a 31 de diciembre de 2025 todos los asalariados en España tendrían una jornada máxima de 37,5 horas, un día después Cuerpo se abría a posponer la plena vigencia de la norma en aras de armar las mayorías necesarias en la cámara catalana para que la ley prospere.
En el ala socialista creen que el primer paso, antes de llevar la medida al Consejo de Ministros, es negociar con los grupos, pero desde Sumar apuntan a que esta negociación con los partidos comenzará una vez que la medida se apruebe en Consejo de Ministros, al considerar que su aprobación da el pistoletazo de salida a una negociación real y que a partir de ahí las distintas fuerzas deberán posicionarse. No obstante, fuentes de la negociación apuntan a que ya se han producido contactos de Trabajo con los grupos parlamentarios para abordar su eventual apoyo a la propuesta.
Frente a la taxitividad de Díaz, Cuerpo aseguraba este miércoles que el plazo de aplicación de la reducción de jornada ‘dependerá de ser capaces de llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas y por eso cuanto más equilibrada sea la propuesta, mayores posibilidades que la acordemos’. Unas palabras que sentaron especialmente mal en Sumar. Elisabeth Duval, miembro del partido Movimiento Sumar, acusó a Cuerpo de ser ‘la voz de la patronal dentro del Consejo de Ministros’. En la formación observan un intento de restar protagonismo a la vicepresidenta segunda del Gobierno tratando de diluir sus medidas.
Trabajos parciales
El segundo punto de desacuerdo es sobre la propuesta está en la parcialidad. El actual texto sólo contempla reducir la jornada a quienes trabajen a tiempo completo, mientras que las jornadas parciales no se verían beneficiadas de esta reducción. La vicepresidenta segunda ha incorporado una subida salarial para compensar económicamente a los trabajadores a jornada parcial que no verán reducida el número de horas de su jornada, una propuesta que busca evitar el agravio de los empleados de media jornada respecto a los de jornada completa.
Una medida que no ven con buenos ojos desde el Ministerio de Economía del socialista Carlos Cuerpo, donde están ofreciendo resistencias a apoyar esta medida. A día de hoy, esta compensación económica sí está incluida en el texto que Díaz prevé firmar con los sindicatos en los próximos días. En los últimos días las conversaciones se han intensificado en el seno de la coalición pero desde el Ministerio de Trabajo prevén mantener la propuesta actual, rechazando cualquier intrusión y advirtiendo de que el diseño de la reducción de jornada es competencia del departamento de Yolanda Díaz.
Si en la anterior legislatura los desencuentros fueron sonados con la exministra Nadia Calviño a cuenta del salario mínimo o de la reforma laboral, los choques con su sucesor, Cuerpo, comienzan a hacerse evidentes, precisamente con otra de las medidas estrella de Sumar, como es la reducción de jornada.
Los choques
Los desencuentros entre Economía y Trabajo han sido constantes desde que la coalición echó a andar y ahora se extienden a la reducción de jornada. No es la primera vez que los socios divergen en esta cuestión y Cuerpo ya ha insistido en anteriores ocasiones en dar ese mayor margen a las compañías. De hecho, este pasado julio, cuando Trabajo consideraba que no existía más margen para acordar con la patronal la norma, desde Moncloa se forzó el alargar las negociaciones. Sin que ello cambiara el resultado, ya que la CEOE se mantuvo coherente, siguió defendiendo que el mero planteamiento de la norma era una intrusión en la autonomía de la negociación colectiva y dijo ‘no’ a Trabajo.
A mediados de noviembre, Díaz finiquitó las negociaciones en el seno del diálogo social y desde entonces pugna en el seno del Gobierno para perfilar un texto que remitir al Congreso. La idea inicial de Trabajo era llevar el anteproyecto de ley a un Consejo de Ministros antes de que acabe el año, si bien no será posible después de que los decretos de ayudas a la DANA pusieran en stand by sus planes durante unas semanas. La reducción de jornada no prevé aprobarse el lunes en el último Consejo de Ministros del año, aunque Díaz sí se reunirá con los sindicatos este viernes para escenificar su acuerdo con los sindicatos.
En los últimos días, Yolanda Díaz defendió que el proyecto legislativo se tramitará con carácter urgente y preferente una vez alcanzado un acuerdo con los principales sindicatos, CCOO y UGT. Sin embargo, este trámite se extenderá durante cinco o seis meses. En Sumar sitúan su entrada en vigor a mediados de año.
