Madrid, que ya ha atendido a 1.300 menores este año, recurrirá por ‘ilegal’ el decreto del Gobierno

La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Tribunal Supremo el último decreto de reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como avanzó ayer el delegado de Interior, Carlos Novillo, y ha confirmado este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, García ha tachado de ‘ilegal’ el reparto de estos jóvenes entre comunidades autónomas, motivo por el que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. ‘No nos vamos a convertir en cómplices de Pedro Sánchez, que es el último eslabón, el último transportista que utilizan las mafias para atraer a los inmigrantes irregulares hasta nuestro país’, ha subrayado.

Asimismo, el portavoz ha recordado que la región ha atendido a 11.000 menores extranjeros no acompañados desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno. En concreto, ala Comunidad acogió a 2.442 menores en 2024 y que en lo que va de 2025 ya supera los 1.300, cumpliendo así con lo establecido en la ley.

Invasión de competencias autonómicas

Respecto al recurso que van a presentar ante el Supremo, García ha argumentado que el Gobierno central invade competencias autonómicas en materia de protección del menor y recurre a un real decreto cuando, a su juicio, debería haberse modificado la legislación orgánica.

Además, según García, la medida también vulnera derechos fundamentales de los propios menores al ser desplazados ‘por cuotas subjetivas y meramente políticas’ sin garantizar adecuadamente su asistencia. También, dijo, ‘infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones’, al haberse pactado únicamente con partidos independentistas y sin contar con las comunidades autónomas.

Según Sol, el decreto genera ‘una desigualdad entre regiones’ y vulnera el principio de autonomía financiera, al no contemplar la financiación necesaria para la atención de los menores trasladados por el Ejecutivo central.

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