El pasado mes de febrero, los consejeros de Economía de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP se levantaron del Consejo de Política Fiscal y Financiera en que se iba a abordar la condonación de deuda a las comunidades autónomas. Hace unas semanas fueron los consejeros de Justicia los que plantaron a Bolaños. Y ahora que se ha conocido la convocatoria extraordinaria para este lunes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias y Ceuta al resto de territorios, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso adelanta el pulso y exige que sea cancelada. ‘En caso contrario, la Comunidad de Madrid se verá obligada a emprender las acciones que correspondan’, escribe la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una carta remitida hoy a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
En el escrito, la consejera madrileña argumenta que la convocatoria infringe el reglamento de la Conferencia Sectorial, que prevé la reunión extraordinaria solo en casos de urgencia. ‘Las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, al haberse producido hace más de un mes’, afirma Dávila, en relación con la aprobación del Real Decreto Ley que establece los criterios para el reparto. Pero la carta va más allá para expresar toda una declaración de intenciones. ‘Se trata de una nueva vuelta de tuerca del Gobierno de España a las comunidades autónomas, que, no olvide, representamos legítimamente a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven ninguneados y pisoteados sistemáticamente por una actuación desleal’, escribe la consejera madrileña. ‘Su departamento ha decidido tratar a las comunidades autónomas como súbditos’.
Dávila muestra su preocupación por que la convocatoria se trate de ‘un paso más en la cadena de irregularidades que el Gobierno de España lleva realizando desde la misma elaboración del Real Decreto Ley’. La consejera acusa al Ejecutivo central de no haberlo consultado su elaboración con las comunidades autónomas.
El texto, que modifica la Ley de Extranjería, establece que se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria en los territorios cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria. Ante tal situación se prevé la distribución de los menores en otras comunidades con arreglo a criterios como la población, la renta per capita o la tasa de paro de cada autonomía, pero también el esfuerzo previamente realizado en el acogimiento o el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de la red de acogida. La reforma fue pactada por el Gobierno con Junts, formación que cuando informó del acuerdo presentó unos cálculos en función de los cuales Madrid recibiría unos 700 menores desde Canarias frente a una treintena en Cataluña. La Comunidad de Madrid decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto por entender que invade competencias autonómicas y vulnerar los derechos de los propios menores.
En la misiva Dávila además apunta contra el Gobierno, al que acusa de ‘profunda carencia de humanidad’, a cuenta del reciente fallo del Tribunal Supremo que exige garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional a un millar (1.221) de menores migrantes no acompañados a cargo de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias. ‘Este incumplimiento’, insiste la consejera madrileña, ‘revela con claridad la verdadera cara de un Gobierno que ha demostrado reiteradamente que los menores no le importan, al pretender su traslado arbitrario como si fueran mercancía y no personas’.
‘Resulta aún más inaceptable que, mientras se desatiende una obligación judicial, se intente imponer a las comunidades autónomas decisiones de gran impacto’, concluye.
