Un auténtico caos. Eso es lo que asegura el sector turístico que va a propiciar el nuevo registro de viajeros que implantará el Ministerio de Interior el próximo 1 de octubre. Una normativa que obligará a los hoteles y demás establecimientos de hospedaje a pedir a sus clientes datos como el teléfono móvil, el correo electrónico o los métodos de pago, en una medida que, según afirma Hosbec, va a ser imposible de cumplir y, además, restará competitividad al sector español frente los demás países europeos, donde no existen estos requisitos. De hecho, desde la patronal hotelera existe el convencimiento de que la normativa puede reducir la clientela extranjera.
La primera noticia sobre los cambios normativos se remonta a octubre de 2021, cuando el Ministerio de Interior publicó en el BOE un real decreto a través del cual se establecían las nuevas obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. A través de este documento se establecía que los establecimientos, además de solicitar como hasta ahora a los clientes los datos que ya son habituales y que figuran en documentos como el DNI o el pasaporte, tendrían que recoger otros como los métodos de pago, la transacción económica y elementos del contrato como el domicilio actualizado, teléfono móvil o correo electrónico. La normativa, además, exigía la introducción de estos datos en una plataforma diseñada por el propio ministerio que los operadores turísticos consideraban ineficiente.
Así, y ante las protestas de las empresas, el Gobierno decidió aplazar hasta en dos ocasiones la entrada en vigor, algo que finalmente acabará aconteciendo el próximo 1 de octubre permitiendo hacer el envío por el sistema electrónico tradicional.
Ante este panorama, Hosbec se ha sumado a las críticas de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), afirmando que «es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio de Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros que, a nuestro juicio, son incumplibles e ilegales, y que provocarán la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y un aumento de responsabilidad sobre datos no comparables».
Los hoteleros resaltan que es imposible certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que, destacan, «esto provocaría un caos organizativo en las recepciones en perjuicio de los usuarios y contraviniendo flagrantemente las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección».
La secretaria general de Hosbec, Mayte García, señala que el registro de viajeros que se ha estado aplicando hasta la fecha es un referente en materia de seguridad, pero que con los nuevos cambios «se está obligando a los hoteles a asumir funciones de control policial». Y lamenta que, al tratarse de unos requisitos que solo se exigen en España, «se nos va a restar competitividad y hará que algunos clientes opten por otros destinos al entender que no tienen que dar estos datos. Además, pueden tirarse media hora en las recepciones hoteleras».
Reunión con el ministerio
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha solicitado una reunión con el secretario de Estado o el propio ministro de Interior para tratar de frenar la aplicación de la normativa.
El sector, aparte del caos que afirma que se generará en los hoteles, considera que algunas de las nuevas exigencias del reglamento entran en clara contradicción con leyes relacionadas con la protección de datos.
