La productividad de los trabajadores y el número máximo de horas que tendrían que estar en sus empleos marcan numerosos debates entre patronales, sindicatos y fuerzas políticas. En España, desde hace meses se habla de la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales sin reducción de salario. Ministerio de Trabajo y sindicatos firmaron el viernes el acuerdo para que esto sea realidad a partir de 2025, pero la patronal y la minoría parlamentaria del Gobierno generan dudas.
Estadísticas del ministerio
Dentro de esta controversia, llaman la atención los datos recopilados de los convenios laborales firmados en la provincia de Castellón en los primeros 11 meses de este año. Tienen como parte positiva que, con un aumento salarial medio del 3,28%, está por encima de la media de la Comunitat (2,8%) y el conjunto de España (3,05%). Esto, si se compara con los datos de la inflación, muestra que los asalariados no pierden poder adquisitivo en este 2024.
En cambio, la parte menos positiva tiene que ver con el número de horas marcadas en estos convenios. Son 1.776 en la provincia, lo que equivale a 222 jornadas anuales, si se trabaja ocho horas al día.
Valoración
El secretario general de CCOO en la provincia, Albert Fernàndez, valora que Castellón ‘es de las zonas que más trabaja de toda España’, debido al peso que tienen oficios en los que habitualmente se hacen muchas horas, como la industria azulejera o la hostelería. De hecho, solo hay diez provincias con cifras más elevadas, entre las que están Almería (1.794), Tenerife (1.790) u Ourense, que marca el récord con 1.796. En cambio, el País Vasco marca las cifras más bajas, como las 1.685 de Vizcaya.
Fernàndez recuerda que en el último convenio de la cerámica ’ya se logró una reducción de ocho horas anuales’, de modo que se pasó de las 1.776 a las 1.768. Para el líder sindical, ’en otros países se está menos tiempo en los puestos de trabajo, y tienen una productividad mayor’. Por eso considera que esta es una de las asignaturas pendientes de la coyuntura laboral en la provincia.
En cambio, los portavoces de los empresarios advierten de que reducir la presencia supone un incremento de los costes y, por tanto, perder competitividad.
