Los atentados contra la autoridad cometidos por menores descendió un 22% en la Comunidad de Madrid el año pasado. Algo similar ha ocurrido con los delitos cometidos con violencia física sobre otras personas. Es lo que se desprende de la memoria anual de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMMI), que se encarga de la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales sobre responsabilidad penal de los menores.
En 2023, esta red madrileña atendió a 2.049 menores, lo que supone un descenso del 7,5% respecto al año anterior. Sin embargo, frente a ese descenso de acciones violentas, los datos señalan que se registró un incremento de los delitos de amenazas y coacciones, que aumentaron en la misma proporción, un 22%. Un poco por encima se sitúa el crecimiento de las infracciones contra la salud pública, en el 26%.
Muchas de las faltas que aparecen en este capítulo, aunque no vienen así tipificadas, tienen que ver con hechos cometidos a través de las redes sociales, que si bien no están cuantificados por su complejidad en las definiciones, están en ascenso. Por esta razón desde la Comunidad de Madrid se trabaja en un programa específico sobre ciberviolencia en el que participan psicólogos, educadores y técnicos especializados en la ejecución de medidas y tratamiento de adicciones. Los expertos calculan que cerca del 3% de los delitos de quienes terminan en estos centros tienen que ver con la ciberviolencia, aunque la causa de su ingreso lleve otro nombre. Y alrededor del 30% de las reparaciones extrajudiciales tienen relación con hechos cometidos en las redes sociales aunque, igualmente, el delito que se les imputa se incluye en otra categoría más amplia.
Descenso general de los delitos
El ARRMI gestiona seis Centros de Ejecución de Medidas Judiciales en régimen cerrado (Altamira, El Laurel, El Lavadero, El Madroño, Renasco y Teresa de Calcuta), que en 2023 supusieron el 11,4% de los casos atendidos. Pero cuenta también con recursos para las medidas de régimen abierto, entre ellos, diez centros de días de carácter mixto, siete en la capital y otros tres en Parla, Getafe y Alcalá de Henares, donde se ejecutan también las reparaciones extrajudiciales de los menores infractores. Uno de los nuevos centros que se integrará en esta red se dedica especialmente a la ciberdelincuencia. El 88,6% de los menores acude a esta otra red de régimen abierto.
Según explicó el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, durante una visita al centro El Lavadero, en el norte de Madrid, en la que dio a conocer algunos de los datos del ARRMMI, la tónica general es un descenso de la mayoría de los tipos de delitos atendidos. Así, el número de menores que han pasado por estos centros por homicidio o asesinato bajó un 21%, incluyendo aquí el grado de tentativa, y otro 12% los que llegaron por causas relacionadas con maltrato.
Al ofrecer los datos, García explicó que durante los años 2021 y 2022, justo después de la pandemia, se registró un incremento de la actividad de las bandas juveniles violentas y eso se tradujo en que durante estos dos ejercicios previos se adoptaran un mayor número de medidas judiciales y de más larga duración.
Educación y reinserción laboral
Según él mismo reprodujo, el porcentaje de éxito de toda la red se mantiene en la misma tónica que el año anterior. El 90% de los menores atendidos tanto en el régimen cerrado como en libertad vigilada de larga duración no vuelve a delinquir. La causa, explican desde la Consejería que dirige García, es que el foco se pone en la ‘educación para la reinserción’ de estos jóvenes, ofreciéndoles cursos de Educación Secundaria, Bachillerato a Formación Profesional en distintos sectores. El resultado es que el año pasado un total de 592 menores participaron en estos programas de inserción laboral y se firmaron 499 contratos.
En la Comunidad creen que si el porcentaje de reincidencia es tan bajo es, entre otros, por la implicación de las familias en todo el proceso reeducativo, la individualización del tratamiento y los programas especializados adaptados a las circunstancias y necesidades de cada joven, centrados principalmente en el maltrato familiar ascendente, las agresiones sexuales o la violencia en pareja.
Además, este año pasado se han puesto en marcha dos nuevos programas de intervención y prevención que dan respuesta ‘fenómenos preocupantes de violencia protagonizados por adolescentes’: uno relacionado con las bandas juveniles violentas y otro con la radicalización yihadista.
