Morir o hartarse por el éxito. A ese punto se acercan las zonas de baño y los parajes naturales del Pirineo aragonés, más de moda que nunca en los últimos veranos. Localidades pirenaicas como Boltaña o Aínsa ya han tomado medidas para lograr que el turismo acuático siga siendo una realidad, sin alterar el paisaje ni molestar a los vecinos, mientras la Administración autonómica busca fórmulas para lograr lo mismo y paliar el exceso de turistas en joyas medioambientales como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
La gota que ha colmado el vaso y ha iniciado la reflexión para todos han sido los anuncios de varias agencias de viajes, muchas de ellas afincadas en Cataluña, promocionando viajes de un día a diferentes localidades altoaragonesas, con una oferta de baño en pozas y ríos. El precio del traslado desde las otras comunidades rondan los 30 euros y, según las autoridades consultadas por este diario, provocando una masificación a la que ya se le pone coto a nivel municipal y que se estudia en estancias autonómicas.
José María Giménez (PP) es alcalde de Boltaña, una de las localidades que más tiempo lleva pendiente de este problema. ‘En el ayuntamiento propusimos hace un par de años a la comarca que el control y la gestión de estos espacios sea entre todos, porque hay que regular mucha zona’, recuerda Giménez, que cree que los municipios del Pirineo ‘tienen un problema que puede ir a más si no se hace nada por solucionarlo’.
‘Hay un impacto social, un nulo impacto económico para los comercios de la zona y un impacto negativo para el medio ambiente’, desarrolla Giménez, que señala que lo que se busca en el territorio es ‘un turismo que aporte, pero que no se enfrente con los hábitos tradicionales de la gente de aquí’. Un ejemplo: se puede reconocer al turista ajeno a la vida diaria en el río por la sombrilla, bromean los vecinos. Entre las acciones tomadas por el Ayuntamiento de Boltaña destacan la zona de baño con mascotas, ‘para evitar conflictos los usuarios’, o los carteles con normas de uso y recomendaciones, ‘que están por todos los lados y explican cómo se puede disfrutar del río sin dañarlo ni molestar’.
En una línea similar se expresa Enrique Pueyo (PSOE), alcalde de Aínsa. ‘Nos sorprende que estas empresas promocionen un territorio que no conocen», analiza el regidor, que critica que ‘los autobuses pretenden dejar al viajero lo más cerca del río, pero a veces se quedan en la carretera y pueden surgir accidentes’. Pueyo siente que entre sus vecinos ‘hay preocupación’ y reclama más atención desde el Ejecutivo autonómico: ‘Sentimos que el territorio está un poco abandonado, por eso pedimos algo más de apoyo’. ‘Hay sitios que solo conocía gente de la zona que ya se están masificando, por lo que hay que trabajar por hacer atractiva toda la comarca’, concreta el socialista, que enumera algunas de las acciones que ha hecho su ayuntamiento: ‘Hay señales de prohibición en varios sitios del Cinca, se limita el paso de coches hasta la orilla o se regula para proteger nuestros espacios’.
‘Hay un impacto que no es bueno para el medio ambiente, algo que es vital para nosotros y el desarrollo de la comarca’, critica Pueyo, que nota que este turismo de un solo día tampoco favorece a los negocios locales: ‘Solo aportan aquellos que están varios días y conocen la zona’. ‘Tenemos mucho espacio protegido y los habitantes sabemos respetarlo’, concluye Pueyo, que considera que ‘al de fuera se le permite casi todo’.
El análisis en la Dirección General de Turismo ya se está haciendo, aunque sin caer en la alarma. ‘Son masificaciones que dejan siete o diez días colapsados durante el verano, pero no se llega a puntos de algunas capitales nacionales’, comenta el director general, Jorge Moncada, en referencia a ciudades que sufren turismo masificado como Mallorca o San Sebastián. ‘Sí que hay una cantidad excesiva de gente estos días’, lamenta, pero insiste en que ‘aún no es el momento para tomar una decisión sobre regulación’.
La frontera se sitúa ‘en los 15 o 20 días seguidos de mucha tensión’, afirma Moncada, que defiende el compromiso de la DGA con el turismo de calidad: ‘La sostenibilidad turística es fundamental, tanto económica, como medioambiental como socialmente. Hay que cuidar el entorno y respetar todos los socios, por lo que se tomarán medidas si llega a ser necesario’.
El caso de Ordesa
Otro de los focos de mayor conflicto turístico es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Este emplazamiento ha tenido que cerrar en numerosas ocasiones su acceso, tanto en temporada alta de turistas como en momentos de teórico menor apogeo. El Gobierno de Aragón coordina un proceso de partipación con agentes e instituciones de la zona para saber cómo actuar en el parque y evitar estas aglomeraciones. Las primeras conclusiones estarán listas, como tarde, en noviembre.
Desde la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca confirman que ‘la afluencia ha crecido desde el fin de la pandemia’ y tienen como objetivo primordial ‘conservar los espacios naturales de la mejor manera posible, pero sin olvidar el uso público al que se tiene derecho’, según detalla el director general, Alfonso Calvo. Tal y como está organizado, en el sector de Ordesa, al que se accede por Torla, solo puede haber 1.800 personas a partir del 30 de junio, y hasta septiembre, la temporada alta se regula con acceso por autobús, entrada mediante.
‘El reto para 2025 es ser capaces de movilizar a la gente hacia otras zonas del parque, para evitar esa afluencia masiva en la zona de Torla’, confirma Calvo, que destaca que ya se han celebrado dos reuniones centradas en cada uno de los accesos al parque, además de encuentros online, dentro de ese proceso de participación ciudadana. Aunque quedan algo más de un par de meses para conocer las conclusiones, las propuestas apuntan a la creación de una app o método de reserva para la entrada a Torla, la que más sufre la masificación.
La CHE muestra su predisposición para colaborar en la mejora de la situaciónLa Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es la responsable de las aguas del principal río de Aragón, pero sostiene que ‘no tiene mucho margen de actuación’ a la hora de regular las actividades turísticas o el uso de ríos y pozas que puedan hacer los bañistas. ‘El baño es un uso público regulado en la Ley de Aguas’, señalan fuentes de la propia CHE, que sí muestra su predisposición a colaborar con todas las instituciones en la regulación de esta situación, «para mejorar la seguridad del baño y respetar todos los criterios
