Las comunidades autónomas y los ayuntamientos serán las encargados de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos para limitar los precios de los alquileres, que va poner a su disposición el Gobierno en la futura ley de vivienda que han pactado PSOE y Unidas Podemos, en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Así lo ha puesto de manifiesto el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras el Consejo de Ministros y en la que ha anunciado ese acuerdo sellado entre los socios de la coalición para sacar adelante, primero, las cuentas públicas y, después, la ley de vivienda.