El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado hoy en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) ante una amplia representación del sector turístico de la Comunitat Valenciana el nuevo decreto ley de regulación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) que aprobará mañana el Consell y que prevé multas de hasta 600.000 euros para los propietarios y plataformas comercializadoras que oferten pisos turísticos ilegales. A fecha de 31 de julio la Comunitat Valenciana cuenta con más de 100.000 VUT legales y las patronales del sector estiman que la oferta irregular de pisos turísticos podría equiparar a las dadas de alta debidamente en el registro de alojamientos turísticos de la Conselleria de Innovación, Comercio y Turismo.
El ‘Decreto Montes’
Mazón, que ha bautizado este nuevo marco legal para los pisos turísticos como Decreto Montes, en reconocimiento al ‘consenso’ que ha fraguado su impulsora, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, con las patronales del sector, sindicatos, las asociaciones de consumidores y los 71 municipios turísticos de la Comunitat Valenciana.
Según el jefe del Consell, el decreto ley de regulación de los pisos turísticos ‘nos permite avanzar en la Comunitat Valenciana con sentido común, con equilibrio, con sostenibilidad, con seguridad tanto para los vecinos como para los turistas’. ‘Avanzar en la convivencia es compatible con avanzar en turismo porque es dar seguridad, es dar tranquilidad, es confiar en los municipios para que ellos puedan establecer las limitaciones que estimen oportunas y convenientes’, ha destacado Mazón, pues la normativa prevé la cesión a los ayuntamientos que lo soliciten de las competencias de inspección, instrucción, sanción y recaudación sobre viviendas turísticas.
Para Mazón esta nueva normativa ‘cree en la iniciativa privada’ y apela a que ‘asuma la responsabilidad’ porque las autorizaciones se tramitarán ‘a través de declaraciones responsables de que las viviendas de uso turístico cumplen todos los requisitos que exige el decreto’. ‘Al mismo aumentamos las sanciones al máximo para aquel que no le diga la verdad a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana’, ha advertido tras anunciar que el Consell intensificará las inspecciones de los pisos turísticos de la mano de los ayuntamientos.
El presidente de la Generalitat ha destacado que ‘el equipo de Nuria Montes ha demostrado con este decreto que con diálogo con todo el sector, con esfuerzo, con generosidad, desarrollo sostenible, no son dos palabras enfrentadas, sino que son dos palabras sinónimas y que pueden ir caminando de la mano’. ‘Los problemas de convivencia de los que algunos se alarman, lo que tenemos que hacer es abordarlos con sentido común, y con corresponsabilidad de las distintas Administraciones, avanzando en los pisos regulares, en los pisos seguros, en los pisos tranquilos de la mano de los ayuntamientos y potenciando la convivencia’, ha añadido Mazón quien ha insistido en que ‘es injusto que se achaquen todos los males a los pisos turísticos’, en referencia a los problemas de falta de vivienda en alquiler. En este sentido, ha recordado que las VUT apenas representan ‘el 1,8 %’ de todo el parque de viviendas de la Comunitat Valenciana, donde ‘el 14 % son viviendas vacías’, una de cada siete del total.
‘Turismofobia es xenofobia’
Mazón ha sido muy crítico con el Consell del Botànic al criticar ‘que una parte del mismo alentaba la turismofobia, que es fomentar la xenofobia y el clasismo, y ponía palos en las ruedas a un sector que representa el 16 % del PIB y del empleo en la Comunitat Valenciana, otra permitía el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos y los problemas que ello genera de convivencia, reducción de la oferta de vivienda y su consecuente encarecimiento, lo que dificulta el acceso a los que más lo necesitan’.
Para el president, este decreto ‘pone orden, sensatez, diálogo y verdad a un sector estratégico para la Comunitat Valenciana frente a los últimos ocho años de desorden, ocurrencias e imposiciones, al tiempo que se pone fin a la irresponsabilidad e inseguridad de las dos últimas legislaturas’.
Petición al Gobierno de una conferencia sectorial de Turismo
También ha asegurado Mazón que con este decreto ‘llegamos a tiempo para evitar que las disfunciones sociales y de convivencia se conviertan en problemas graves’. En esta línea, ha apuntado que el incremento desordenado de apartamentos turísticos afecta a todas las autonomías por lo que ha reclamado al Gobierno central que convoque la conferencia sectorial de turismo. Para Mazón, hay que ‘buscar una respuesta unitaria y una estrategia común que recoja lo que estable la normativa europea y que permita luchar contra la oferta irregular’.
Mazón ha puesto el decreto Montes como el paradigma de la forma de trabajar del gobierno del cambio: ‘Nunca desde la imposición, siempre desde el diálogo, siembre desde el rigor y siempre desde el consenso’. ‘Creo que estamos en el punto del equilibrio adecuado para avanzar como nos merecemos, en calidad para quienes nos visitan, en seguridad para el municipio que recibe esa visita y en potenciar nuestra competitividad, la actividad económica que es la antesala de poder pagar los hospitales y la sanidad que se merece el pueblo valenciano’, ha concluido.
Titularidad personal de las licencias
El nuevo decreto obliga a renovar la licencia de los pisos turísticos de la Comunitat Valenciana cada cinco años, mediante una declaración responsable, y también en el momento de que el propietario venda la vivienda. El objetivo de esta titularidad personal de las licencias es ‘poner freno a la especulación inmobiliaria que se está realizando con las viviendas de uso turístico’, ha advertido la consellera Montes.
El nuevo marco normativo fija que serán los propietarios de las viviendas los responsables subsidiarios de las posibles infracciones, ya que ahora solo son responsables quienes comercializan los alojamientos, y establecerá unos parámetros de calidad que obligará a que las viviendas cumplan con la normativa de habitabilidad.
Además, mejorará los servicios de inspección mediante el uso de Inteligencia Artificial para detectar apartamentos ilegales y se llevará a cabo campañas de sensibilización para que los propietarios inscriban las propiedades en el Registro. También profundizará en la colaboración público-privada con plataformas de reservas en coordinación con los ayuntamientos, la Policía de la Generalitat y los Cuerpos de Policía Local para detectar las viviendas irregulares.
El propietario, a la hora de solicitar o renovar una licencia de vivienda de uso turístico debe presentar una declaración responsable de que cumple los requisitos exigidos, entre ellos el informe municipal favorable de compatibilidad urbanística de la vivienda para su uso turístico, certificado de que los estatutos de la comunidad de propietarios no prohíbe el uso turístico del piso, seguro de responsabilidad civil y una cédula de habitabilidad actualizada. Este último requisito se ha remarcado sobre todo por la masiva reconversión de bajos comerciales en apartamentos turísticos.
Además, quedan completamente prohibidos los cajetines para la entrega de llaves en las vías públicas o en las zonas comunes de las viviendas. ‘Obligamos a todas las viviendas a disponer de un servicio de recepción, que no es una recepción física como tal, sino que haya personas que hagan la recepción de los clientes, sobre todo en cumplimiento de las medidas de seguridad como el alta en el sistema de hospederías de la policía y de la Guardia Civil de todos los ocupantes mayores de 16 años’, ha detallado la consellera. También deberán disponer de conexión a Internet y de teléfono de atención 24 horas.
Aumento de la cuantía de las sanciones
La titular de Turismo ha explicado que el nuevo decreto ley ‘incrementa las sanciones’. Así, las de carácter leve contemplan una multa máxima de hasta 10.000 euros, las graves hasta 100.000, y las muy graves hasta 600.000. En este último apartado se incluye la comercialización de viviendas de uso turístico ilegales. En este sentido, Montes ha explicado que las viviendas de uso turístico ‘son todas aquellas que se alquilen por un periodo de 10 días o menos’ y que la nueva normativa ‘mantiene y enfatiza la prohibición del alquiler de las habitaciones en viviendas por menos de 10 días’.
‘Esta misma mañana hemos hecho un ejercicio práctico y hemos encontrado que solo en la ciudad de València había en una plataforma más de 5.000 habitaciones que se estaban poniendo en comercialización a imagen del marco legal y, por supuesto, están determinantemente prohibidas’, explica la consellera. Está práctica, que ya es ilegal en la normativa vigente, prevé sanciones muy graves con multas de hasta 600.000 euros en el nuevo decreto ley. Montes ha anunciado que la consellera ‘va a comunicar inmediatamente a las plataformas que tienen que retirar de manera inmediata todas las habitaciones que se comercialicen por estos periodos de 10 días o menos’.
Tres escenarios de retroactividad
El nuevo decreto que aprobará mañana el Consell y entrará en vigor al día siguiente de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ‘posiblemente la próxima semana’, según Montes, contempla tres escenarios de retroactividad. ‘En primer lugar, las viviendas de uso turístico autorizadas antes del 1 de julio del año 2018, que mantendrán la licencia en los mismos términos en que la obtuvieron’, ha detallado la consellera, quien ha añadido que las VUT de este tipo ‘son los menos, porque la gran expansión de los pisos turísticos es posterior a 2018’. Estos pisos turísticos deberán adaptarse al nuevo marco regulatorio en el momento que el propietario venda la vivienda.
El segundo régimen transitorio incluye a las viviendas autorizadas entre el 1 de julio de 2018 y la entrada en vigor del decreto ley, que según Montes ‘mantendrán su autorización, pero tienen un plazo de 5 años para adaptarse a los requisitos de calidad y servicio previstos en el nuevo decreto ley. Además, en 2030 tendrán que renovar su declaración responsable con la aportación del nuevo informe de compatibilidad urbanística’.
El tercer régimen, continua la consellera, ‘engloba a las viviendas autorizadas a partir de la entrada en vigor de este decreto ley, que quedarán ya quedarán inmersas en el nuevo régimen, de manera que también tendrán que renovar su declaración responsable cada 5 años, con aportación de toda la documentación exigida, entre ella el informe de compatibilidad urbanística, así como del certificado vigente de su comunidad de propietarios’ de que sus estatutos permiten las viviendas de uso turístico. Las autorizaciones concedidas en este tercer escenario, ha añadido Montes, ‘podrían quedar excluidas del tráfico turístico si la comunidad de propietarios decidiera durante este periodo de 5 años cambiar sus estatutos’.
