El PP catalán ve bien que los Mossos asuman más competencias en puertos y aeropuertos

Pocas horas después de que la consejera de Interior, Núria Parlon, anunciara que a partir de septiembre los Mossos d’Esquadra podrían gestionar el control de puertos y aeropuertos de forma compartida con el resto la Policía Nacional y la Guardia Civil, el PP catalán ha declarado que no ve mal que la policía catalana asuma más competencias en el control de estas fronteras. ‘Tenemos que ver cómo se materializa: no sobra ningún cuerpo policial y hace falta que todos colaboren’, ha dicho el secretario general del PPC y diputado en el Congreso, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede de partido.

Preguntado sobre si eso significa que ven con buenos ojos el ‘control compartido’ de estas dos zonas fronterizas, Rodríguez ha reiterado que sí que es necesario que ‘todos los cuerpos colaboren’, pero ha subrayado que esta colaboración debe darse también en el 112, el servicio de emergencias catalán al cual está previsto que se integre en breve tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que fue una medida duramente criticada tanto por Junts como por ERC. ‘Aquellos que quieren que los Mossos compartan tareas con la Guardia Civil y la Policía Nacional [en puertos y aeropuertos] son los mismos que no quieren que [estos dos cuerpos] formen parte del 112’, ha reprochado el dirigente popular, en alusión a los partidos independentistas, quienes considera que quieren ‘excluir’ a estas fuerzas del Estado.

Que los Mossos adquieran más control en puertos y aeropuertos es desde hace tiempo una reclamación tanto de Junts como de ERC, pero la cuestión se elevó a partir de la investidura de Pedro Sánchez, cuando el Gobierno pactó como contrapartida al apoyo de los posconvergentes el traspaso de las competencias en inmigración a la Generalitat. Tras más de un año de negociaciones sin haber llegado todavía a un acuerdo firme, Junts insiste en que quiere que sea la policía catalana la que controle la entrada y salida de los extranjeros en tierra, mar y aire, mientras el Ejecutivo defiende un sistema intermedio con competencias compartidas. El Gobierno descarta una cesión integral de su control a los Mossos, ya que sostiene que son competencias exclusivas del Estado y que, por tanto, se trataría de una maniobra inconstitucional.

Rechazo al traspaso de inmigración

Desde el PPC rechazan cualquier traspaso en inmigración a la Generalitat -y mucho menos que dé exclusividad al control de la policía catalana en las fronteras- y consideran que se trata de una ‘cesión’ al independentismo, no para mejorar la seguridad en Catalunya, sino para que Sánchez pueda ‘conservar su presidencia en el Gobierno’. Así, dan por buena una ‘colaboración’ entre las fuerzas de seguridad bajo el argumento que deben ‘convivir’ las tres, pero alertan de que el posible traspaso de las competencias puede suponer que los partidos soberanistas tengan ‘más fácil lograr la independencia’. ‘Lo que hacen [los socialistas] es facilitar que se pueda repetir lo del año 2017’, ha espetado Rodríguez, en referencia a la celebración del referéndum del 1-O y a la declaración de independencia fallida por parte del entonces president, Carles Puigdemont.

Además de esta cuestión, el PP catalán también ha defendido en varias ocasiones que, antes de incorporar nuevos efectivos de la policía catalana en nuevas competencias o espacios, es necesario revertir la falta de plazas en el cuerpo. De este modo, y en referencia al plazo con el que trabaja Parlon para incorporar los Mossos en puertos y aeropuertos en septiembre, el secretario general del PPC ha puesto en duda que pueda ser viable.

‘Nada hace pensar que las dificultades [en la plantilla de cuerpo policial] queden superadas de aquí a septiembre’, ha dicho. Una diagnosis que también ha compartido la consejera, quien ha reconocido que actualmente los Mossos no tienen ‘capacidad de poder asumir más competencias’ si no hay un incremento de agentes. De momento, el Govern de Salvador Illa ha incorporado 1.300 plazas de Mossos desde septiembre y estudia con el Estado poder alcanzar las 25.000 en 2030.

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