El Govern de la Generalitat ha presentado hoy el decreto de medidas urgentes para agilizar la ejecución de obra pública e impulsar la participación de las pymes en estos concursos.
De este modo, el Consell Executiu de la Generalita cierra algunas de las iniciativas aprovadas el pasado 26 de febrero que, según ha destacado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, “se trata de un impulso clave para acelerar los procedimientos administrativos y mejorar la capacidad de respuesta de la administración catalana”.
Agilizar la contratación de nuevas obras con el foco puesto en la crisis de vivienda
En particular, se introduce la posibilidad de que obras menores y contratos de mantenimiento con un coste inferior a 15 millones de euros —y estudios de hasta 2 millones de euros— sean adjudicados directamente por los departamentos de la Generalitat. “Es una herramienta es esencial para acelerar la ejecución de obra pública” ha trasladado la Portavoz, “especialmente en un contexto marcado por la falta de presupuestos y la crisis de acceso a la vivienda”.
Así, se deja atrás la anterior obligación que imponía la ley 4/1985 del 29 de marzo de l’Estatut de l’empresa pública catalana de celebrar una licitación pública a los contratos de obra pública por encima de los 2 millones de euros —y a los estudios y proyectos superiores a 100.000 euros—. En el caso de las instalaciones renovables, el parámetro se sigue fijando en 2 millones y en los 300.000 euros, respectivamente.
Además, también sitúa como órganos asesores en la adjudicación de obras públicas a Infracat, presidido por Isaías Táboas, y al Institut Català de l’Energia (ICAEN) que dirige Marta Morera. El primero ocupa el cargo desde el pasado octubre de 2024, después de haber sido Presidente de Renfe entre junio de 2018 y febrero de 2023, cuando fue sustituido por Raül Blanco. Desde junio de este año ejercía como secretario general del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
El decreto también contempla la reducción de los plazos contractuales a través de los ‘convenis marc’, un mecanismo que permitirá acelerar la adjudicación de pequeñas obras públicas. Asimismo, se establecerá un sistema de centralización de compras, optimizando los procesos administrativos y mejorando la eficiencia en la adquisición de materiales y servicios.
Apertura a pymes y startups
El otro gran foco de este paquete de medidas se ponen en las pymes, que hasta entonces veían mermada su participación en las obras públicas por las barreras económicas de entrada.
Para reforzar este objetivo el Govern impone la obligación de que los contratos de obras públicas se dividan en lotes más pequeño, permitiendo que varias pymes, startups y cooperativas de economía social puedan participar y competir en igualdad de condiciones. También se limitará el número de lotes que una misma entidad pueda adjudicarse.
Otra de las quejas más repetidas por estas entidades era el exceso de burocracia relacionado con las licitaciones menores, —con pagos de hasta 5.000 €—. Con esto en mente, el decreto establece que todos los organismos sigan un mismo procedimiento simplificado y transparente, agilizando los trámites y evitando irregularidades. ‘Es un sistema de centralización de compras que mejorará la eficiencia, especialmente en la adquisición de materiales y servicios’ menciona Paneque.
Casos de impago y demostración de experiencia previo
Cuando una empresa obtiene un contrato público, es común que esta subcontrate a empresas más pequeñas para tareas específicas. Sin embargo, en caso de impago por parte de la empresa vencedora del contrato, hasta este momento, las pymes tenían que reclamar por su cuenta ante la administración.
Ahora, el decreto permite que el Govern pague a directamente a las subcontratas para evitar que se queden sin cobrar por servicios y obras harmonizadas. Es decir, contratos de servicios de hasta 221.000 euros y de obras inferiores a 5 millones de euros. Las obras con un valor superior cuentan con un reglamento más estricto a nivel europeo.
Además, se introduce como novedad un certificado de buena ejecución. Hasta ahora, una pyme subcontratada no podía demostrar su trabajo en la licitación, lo que dificultaba su participación en nuevos concursos públicos. “Con este instrumento se facilita la participación en futuras licitaciones”, aseguran desde el Govern.
