La Audiencia de Palma ha impuesto una condena ejemplar a un empresario mallorquín que se dedicaba a explotar a trabajadores extranjeros, aprovechándose que se encontraban en situación ilegal en España. El acusado, que es la segunda vez que es condenado por el mismo delito, tendrá que cumplir una condena de cuatro años de cárcel, al aplicar el tribunal la agravante de reincidencia. Además, tendrá que indemnizar a los cuatro empleados que sufrieron esta situación de explotación.
La sentencia detalla que el acusado es empresario y, entre otros negocios, explota un restaurante en la zona de sa Calobra, así como una finca particular.
Las cuatro víctimas de dicha explotación fueron cuatro jóvenes de nacionalidad marroquí. Los trabajadores entraron en la isla de manera ilegal, por lo que su situación administrativa era irregular. El empresario se aprovechó de ello, ya que los utilizaba como empleados, aunque sin reconocerles los más mínimos derechos laborales que imponen las leyes laborales.
Así, según se detalla, estos empleados, al margen de que no podían suscribir un contrato laboral, su jefe les obliga a trabajar doce horas diarias, sin poder disfrutar de ningún día libre a la semana. No se les reconocía su derecho a tener vacaciones y cada vez que se ponían enfermos, el empresario no les abonaba el sueldo. El acuerdo con ellos es que por cada jornada de trabajo recibirían 40 euros, a cambio de estar doce horas diarias trabajando. Sin embargo, el pago diario pocas veces se producía. De hecho, el empresario llegó a acumular una deuda de alrededor de seis mil euros con cada uno de estos empleados extranjeros. Los jueces dejan claro en la sentencia que el empresario se aprovechó de la situación de necesidad que tenían estos migrantes, para explotarlos laboralmente. El acusado alegó que él no se encargaba del control de sus empleados y ni siquiera sabía que tuviera en sus empresas a trabajadores en situación irregular. Esta labor la desarrollaba un empleado de confianza.
La situación de explotación de estos cuatro trabajadores se descubrió a raíz de una actuación policial. Las investigaciones tuvieron noticias de que en el restaurante de sa Calobra estaban trabajando extranjeros que estarían en situación irregular. Y ante estas sospechas se decidió realizar una inspección en el negocio y comprobar la situación de cada uno de los empleados.
En el atestado policial se denunció que el empresario les indicó a sus trabajadores irregulares que cuando los agentes les preguntara, dijeran que no trabajaban en el restaurante, sino que solo eran unos clientes que estaban tomando una consumición. E insistió la Policía que estos trabajadores fueron amenazados con no recibir el sueldo que les adeudaba su jefe si no cumplían las órdenes, además de recordarles que estaban irregularmente en España y que podrían tener problemas en un futuro. Sin embargo, estas supuestas amenazas no quedaron demostradas en el juicio, por lo que el empresario ha quedado absuelto de este delito.
Uno de los empleados detalló en el juicio que trabajaba los siete días de la semana, sin derecho a libranza, con un horario de alrededor de doce horas. A cambio, solo recibía 50 euros de sueldo a la semana.
Las declaraciones de los trabajadores fueron contundentes y coincidieron en que estaban sufriendo una situación de explotación laboral. Detallaron en el juicio las horas de trabajo que tenían que realizar a diario y las pésimas condiciones que sufrían. Sin embargo, por su difícil situación, ya que todos ellos eran migrantes irregulares, se veían obligados a aceptar estas lamentables condiciones.
El tribunal da una credibilidad absoluta a las declaraciones de los trabajadores, a los que la sentencia confirma que tienen el derecho a recibir del acusado la deuda económica que tenía con ellos, ya que era habitual que hicieran estas largas jornadas de trabajo, pero después no cobraban.
