El Ministerio de Educación, liderado por Pilar Alegría, inició este martes la negociación con los sindicatos de enseñanza relativa a la reforma legal en el profesorado español que el Gobierno pretende acometer. El objetivo principal es articular una modificación que plantee cambios en la carrera docente y el ejercicio de este oficio en el país. El departamento ha propuesto la creación de grupos de trabajo que empiecen a elaborar un futuro estatuto.
Los representantes del ministerio trasladaron a las centrales sindicales esta propuesta en una reunión celebrada por la Mesa de Personal Docente no Universitario. La idea del equipo de Alegría es que este nuevo estatuto reconfigure cuestiones como las competencias profesionales de los docentes, la tutorización de prácticas durante los estudios, la formación inicial del profesorado o el desarrollo profesional de su carrera hasta la jubilación.
Las reivindicaciones de los profesores giran en torno a tres grandes reivindicaciones: reducción del horario lectivo de los profesionales, reducción de ratios de estudiantes por clase y una equiparación con el cuerpo de maestros. No obstante, el Gobierno está abierto a debatir con UGT, CSIF y el resto de sindicatos cualquier otra posible demanda del cuerpo docente.
Reducción del horario lectivo
En este primer punto, el profesorado reclama reducir el número de horas de clase impartidas por los docentes. El Ministerio de Educación dirigido por el ‘popular’ José Ignacio Wert aumentó en 2021 el límite máximo de horas semanales, estableciendo un mínimo de veinticinco horas en educación primaria y de veinte en secundaria (anteriormente, la horquilla oscilaba entre las 18 y las 21 horas). Se mantuvieron las 37,5 horas de trabajo del profesorado, pero el aumento de horas lectivas redujo entonces su capacidad para preparar temas, atender las necesidades de las familias o elaborar actividades de refuerzo.
La demanda de la comunidad educativa es dejar en 18 las horas lectivas semanales de los profesores de secundaria y en 23 las de los maestros de primaria y educadores infantiles. Pese a que en algunas comunidades ya se siguen estos ratios, la tensión continúa en regiones como la Comunidad de Madrid, donde los sindicatos no han logrado llegar a un acuerdo con el consejero de Educación, Emilio Viciana, para una reducción de la jornada lectiva.
Descenso de ratios
En segundo lugar, los sindicatos exigen un descenso del número de alumnos por clase. Para aplicar esta reforma lo antes posible sin necesidad de reformar la LOMLOE — última ley educativa aprobada en el año 2020 –, el profesorado propone que los estudiantes con necesidades especiales cuenten doble a la hora de calcular unos ratios que ahora mismo se encuentran en 25 alumnos por aula en primaria, 30 en secundaria y 35 en bachillerato.
Esto englobaría al sector del alumnado con discapacidad o trastorno del espectro autista, estudiantes con problemas de aprendizaje de diferente índole — dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) — o menores migrantes recién llegados a España.
Equiparación entre el cuerpo de maestros y el profesorado de secundaria
Por último, en lo referente a la posición que el cuerpo docente ocupa en la Administración, los sindicatos proponen la equiparación del estatus de los maestros (A2) al del profesorado de ESO y bachillerato (A1). Esta diferencia se justificaba hace años argumentando que la carrera de Magisterio era sólo de tres años, por los cuatro de cualquier grado que pudiese dar acceso a una oposición para docente de secundaria.
A día de hoy, tras la conversión del plan de estudios de Maestro en Educación Primaria en un grado de cuatro cursos, esta diferenciación pierde sentido.
