Como cada septiembre desde hace seis años, Isabel Díaz Ayuso, da inicio al curso político reuniendo a sus consejeros en la Residencia Santillana de Manzanares el Real. La presidenta ha vuelto a citar este martes a los nueve miembros de su ejecutivo en estas instalaciones del Canal de Isabel II junto al embalse del Atazar en un encuentro de trabajo fuera de la formalidad de los consejos de gobierno semanales que viene convirtiéndose en habitual. Es, de hecho, la tercera vez que el equipo de Ayuso se reúne en estas dependencias en lo que va de año. Ya lo hicieron en enero, a la vuelta del parón navideño, y en mayo, después de los actos del Dos de Mayo y en pleno ecuador de la legislatura.
En esta ocasión se trata de coger impulso en vísperas de la primera fecha señalada en rojo en la agenda política madrileña tras el verano, el Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará en la Asamblea regional los próximos 11 y 12 de septiembre. El año pasado Ayuso utilizó el debate para lanzar toda una batería de propuestas y el encuentro de este martes en la sierra servirá para afinar las que se aspira a llevar este año.
Las líneas maestras de la legislatura ya están trazadas. Hace unos meses, cuando hacía balance de la mitad del primer mandato de Ayuso con mayoría absoluta, el Gobierno madrileño se vanagloriaba de haber ejecutado o puesto en marcha ya el 95% de su programa electoral. De las 459 medidas comprometidas, se afirmaba entonces desde Sol, se habían completado 183 (el 40%) y se había dado inicio a otras 256.
Así las cosas, el curso al que da inicio Ayuso en la Residencia Santillana, debería servir para avanzar en algunos proyectos legislativos y en la ejecución de obras de gran calado ya en marcha, a alguna de las cuales se lleva dando vueltas desde hace más de 20 años. Se trata, en concreto, de la Ciudad de la Justicia, el megacomplejo en el que se pretenden agrupar en Valdebebas las sedes de todos los órganos judiciales actualmente dispersos por la ciudad de Madrid. La idea ronda por los despachos de Sol desde 2004, cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid.
Tras sucesivos anuncios, se confía en que, ahora sí, se inicien definitivamente las obras este 2025. Los trabajos para levantar el recinto, de 470.000 metros cuadrados, se han presupuestado en 653 millones de euros. El pasado mayo se presentó en la Real Casa de Correos la maqueta del proyecto de la que pretende ser la mayor instalación judicial del mundo.
Junto a la Ciudad de la Justicia, la otra gran obra que acomete la Comunidad de Madrid es la Ciudad de la Salud. Para este curso se han anunciado las ampliaciones del Hospital Infanta Leonor o la primera fase de la del Gregorio Marañón, pero es la del Hospital de La Paz, que integrará además las dependencias de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, la que tendrá mayor impacto cuando llegue a concretarse. De momento, se han licitado dos intervenciones menores por valor de 51 millones de euros de los cerca de 1.000 millones que se prevén: la construcción de la Unidad de Protonterapia y el edificio que integrará la maquinaria necesaria para que todo el complejo funcione.
Tensión con el Gobierno
En cuanto a la aprobación de normas, y a la espera de lo que pueda adelantar Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región, la principal medida a tramitar habrá de ser la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), un texto cuyos primeros borradores conocidos anticipan una fuerte contestación.
Los rectores de las universidades públicas temen que pueda complicar la ya crítica cuestión de la financiación y recelan de que pueda comprometer su autonomía. Sindicatos y algunas organizaciones de estudiantes y profesores ya han hecho pública su oposición, a pesar de que no se ha presentado aún. Y el propio Gobierno central ha hecho ver su postura contraria. ‘Es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública’, señaló la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, cuando Ayuso trazó las pinceladas del futuro texto en un desayuno informativo.
La tensión entre el Ejecutivo de Ayuso y el de Pedro Sánchez volverá, de hecho, a ser una de las constantes del curso. En este arranque, dos cuestiones crispan especialmente el debate. Una es la acogida de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados trasladados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, 647 de ellos a Madrid, conforme a criterios que desde Sol se han recurrido ante el Tribunal Supremo.
El otro es la cuestión de la financiación autonómica. Desde el entorno de la presidenta se traslada que en la Residencia Santillana de Manzanares se abordará la actualidad política nacional, ‘especialmente ante los planes del Gobierno central sobre financiación autonómica y el cupo catalán’. Ayuso ha hecho de ello uno de sus principales mensajes contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por elevación contra Pedro Sánchez. Por un lado, ha manifestado su oposición a la condonación de deuda autonómica, una medida pactada con ERC que el Gobierno extiende a todas las comunidades para asumir en torno a 85.000 millones del pasivo de las autonomías.
El diseño de Hacienda contempla absorber más de 8.000 millones de deuda madrileña, pero desde Sol se ha recurrido ante la Audiencia Nacional el acuerdo del Consejo de Política Fiscal Financiera en que se debatió en ausencia de los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP que se salieron de la reunión el pasado mes de febrero. El gobierno madrileño alega que lo que plantea la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero es una mutualización que perjudica a comunidades como Madrid.
De la misma forma que a la condonación a la que hoy prevé dar luz verde el Consejo de Ministros, se opone Ayuso al acuerdo entre el Gobierno central y el de Cataluña para una nueva forma de financiación ‘singular’ y ‘generalizable’, un pacto al que ha llegado a referirse como ‘sentencia de muerte para España’. En realidad, vincula ambos asuntos. ‘Primero se aprueba el proyecto de ley de condonación. Que es el primer paso el cupo. Les quito deudas en que han incurrido para que TV3 apoye sus tesis y las embajadas digan que España les oprime, y luego les saco del sistema ordinario, de modo que esa deuda la pague el resto de los españoles, menos catalanes, navarros y vascos, y además no contribuyan al sostenimiento del país’, escribía este mismo lunes en la red social X.
