Es uno entre los muchos asuntos que tensan la relación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. En su estrategia de oposición total, tanto el gobierno regional como el PP madrileño vienen manifestando un rechazo frontal a la política migratoria del Ejecutivo y en particular a la forma en que se está gestionando la reubicación de menores no acompañados desde Canarias y Ceuta y Melilla. No están solos. La mayoría de comunidades gobernadas por los populares han expresado su disconformidad. Pero Madrid eleva el pulso. Máxime conforme se acerca la fecha en que el Gobierno espera empezar con los traslados.
Ayer el enfrentamiento escaló un peldaño con la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alcorcón de ordenar la paralización de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) habilitado por el Gobierno en la localidad en 2022 como espacio de primera acogida para refugiados ucranianos. En las instalaciones se encuentran en la actualidad alrededor de 500 personas, unas 200 de nacionalidad ucraniana y el resto beneficiarios de políticas de protección internacional o ayuda humanitaria, algunos migrantes de la ruta canaria. Venía funcionando con normalidad hasta que a inicios de este mes empezó a sonar como posible destino de 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias.
En el origen hay dos autos del Tribunal Supremo que instaban al Gobierno a asumir la tutela de alrededor de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo atendidos en la red de acogida canaria. En tanto en cuanto solicitantes de asilo, venía a decir el Supremo, corresponde a la Administración General del Estado velar por ellos. Y uno de los centros a los que desde el Ejecutivo se ha apuntado como posible destino de 400 de esos menores es el Creade de Pozuelo de Alarcón, bajo paraguas estatal. Fue entonces cuando la alcaldesa de la localidad, la popular Paloma Tejero, alzó la voz. ‘Pozuelo ni se va a callar ni se va a acomodar, ni se va a estar quieto ante esta falta de información y a lo que consideramos que es un atropello y una temeridad la política que está realizando’, señaló.
Hace un par de semanas el consistorio aprobó una moción de urgencia para rechazar ese traslado. Una moción expresamente apoyada por el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, que se desplazó hasta el municipio para explicitar su apoyo a Tejero.
Ahora llega la orden de paralización de actividad. El recinto, cedido por la Tesorería General de la Seguridad Social y adscrito al Servicio Estatal de Migraciones, tiene licencia para operar como centro para impartir cursos de formación pero no residencial, argumentan ahora en el consistorio de Pozuelo para dictaminar la paralización de la actividad. Una decisión bendecida en público por el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García. Y que viene acompañada de una intensificación del discurso del PP madrileño también contra los Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (Caed) de Carabanchel y Alcalá de Henares habilitados por el Ejecutivo para acoger migrantes y a los que los populares suelen referirse como ‘macrocampamentos’.
La propia vicealcaldesa y actualmente alcaldesa en funciones de Madrid, Inma Sanz, aseguraba ayer que los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento haría ‘las comprobaciones pertinentes’ para determinar si el Caed habilitado en el cuartel Arteaga, en Carabanchel, con unas 1.900 plazas para atender migrantes llegados en situación de vulnerabilidad y peticionarios de asilo, incurría en alguna infracción como la ahora señalada en Pozuelo. De paso, insistía en el guion del partido: las críticas a Sánchez por permitir que las fronteras sean ‘un coladero’ y tratar a estas personas como ‘pura mercancía política’.
También en los tribunales
El giro se ha observado igualmente en Alcalá de Henares, donde el PP gobierna con Vox, y cuya alcaldesa, Judith Piquet, presidenta también de la Federación Madrileña de Municipios, viene ganando foco en el PP madrileño. Apenas unos días antes que la moción de Pozuelo se había escenificado el mismo movimiento en Alcalá: exigencia en el Pleno municipal del cierre del Caed habilitado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la localidad con visita de Serrano también para mostrar apoyo a la iniciativa. La votación se llevó a cabo después de la detención de un joven residente en el Caed acusado de violar a una mujer de 21 años, un episodio que desató disturbios antimigratorios en la localidad. Llegó a haber cinco detenidos y un policía herido. Piquet ha acusado al Gobierno de intentar ocultar incidentes en el centro. Desde el consistorio alcalaíno se señala, además, que está por encima de su capacidad, con 1.700 residentes.
Coincide este endurecimiento del discurso político con el anuncio de la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la Comunidad de Madrid contra el real decreto que desarrolla la reforma de la Ley de Extranjería en la que se establecía la posibilidad de reubicar menores no acompañados desde territorios en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Sol ha puesto a trabajar intensamente a sus servicios jurídicos, pues ya había recurrido ante el Tribunal Constitucional la propia reforma de la Ley de Extranjería. Algo que han hecho también otras 10 comunidades, nueve gobernadas por el PP además de Castilla-La Mancha.
En virtud de esa reforma y del real decreto ahora recurrido es como se ha determinado el reparto de 3.975 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla hacia las redes de acogimiento de menores de otras comunidades. Los criterios para esa reubicación contemplan cuestiones como la población de cada comunidad autónoma, su renta per cápita o su tasa de paro, pero también el dimensionamiento estructural del sistema de plazas de su red de atención a menores tutelados o el esfuerzo de acogida ya realizado. En aplicación de esas condiciones, el Ministerio de Juventud e Infancia ha determinado el traslado de 647 menores a Madrid, la segunda comunidad autónoma que más recibirá, tras Andalucía, con 677, y frente a los 31 que acogerá, de manera voluntaria, Cataluña.
Las cifras definitivas se han conocido en julio, pero ya en primavera Junts puso en circulación unos números bastante parecidos cuando informó de que había alcanzado un acuerdo con el PSOE para aprobar esa reforma de la Ley de Extranjería. La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, lo calificó entonces de ‘la mayor infamia de Pedro Sánchez’. Madrid secundó, además, el plante de comunidades populares en la última Conferencia Sectorial de Infancia. El Gobierno ha anunciado, no obstante, que los traslados comenzaran el 28 de agosto.
