El próximo miércoles se cumplen dos años de las elecciones autonómicas que dieron la mayoría absoluta al PP de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Dos años en los que la presidenta regional ha llevado el enfrentamiento con el Gobierno y Pedro Sánchez al paroxismo a costa de cualquier asunto, sea el calendario de cierre de las centrales nucleares, el reparto de menores migrantes desde Canarias, la reforma judicial o los criterios para la aprobación de universidades privadas. El choque político contamina lo institucional como quedó reflejado el pasado Dos de Mayo, en los actos de celebración del Día de la Comunidad, por primera vez sin ningún representante del Ejecutivo de la nación.
Al tiempo, sus rivales en la batalla meramente madrileña han ido cayendo uno tras otro. Primero fue Rocío Monasterio, reemplazada por José Antonio Fúster en la presidencia de Vox en la región y por Isabel Pérez Moñino en la Asamblea. Luego Juan Lobato, laminado del PSOE madrileño para situar al frente al ministro Óscar López y subir la intensidad del enfrentamiento con Ayuso. Y está por ver si Manuela Bergerot, actual portavoz parlamentaria, pondrá rostro al cartel electoral en 2027 o lo será otra vez la también ministra Mónica García en un Más Madrid en el que el escándalo Errejón ha sido un golpe demasiado duro de digerir.
Tres encuestas publicadas el pasado Dos de Mayo vaticinaban que Ayuso mantendría o incluso ampliaría su mayoría absoluta si se celebrasen hoy los comicios. En mitad de esa placidez electoral emergen, en cambio, diversos asuntos judiciales que pueden perturbar el rumbo de la legislatura, fundamentalmente dos. Uno es la investigación a su pareja, Alberto González Amador. Por más que la presidenta madrileña y su entorno se empeñen en hablar del caso de ‘un particular’ contra el que se ha montado ‘una operación de Estado’, el asunto no deja de ser un foco de erosión. El otro es la gestión de las residencias durante los primeros meses de la pandemia y los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ para evitar derivaciones de residentes a hospitales. La cuestión ha sido objeto de archivo en varias ocasiones pero el pasado viernes se supo que un juzgado de instrucción madrileño ha llamado como imputados a dos ex altos cargos del Gobierno regional para reabrir el caso.
Ciudad de la Justicia y Ciudad de la Salud
Así las cosas, el miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad, Ayuso comparecerá en rueda de prensa para sacar pecho de gestión durante esta primera mitad de legislatura. Desde su entorno se adelanta que el Gobierno regional que el 95,6% de las medidas de su programa ya están ‘ejecutadas o en marcha’. De las 459 propuestas comprometidas, se asegura, 183 ya se han completado y otras 256 se hallan en fase de ejecución.
Entre estas últimas resalta el que emerge como uno de los grandes proyectos de este mandato, la construcción en Valdebebas de la Ciudad de la Justicia. Planteado como el mayor complejo judicial del mundo, aunará en un espacio de 470.000 metros cuadrados, el tamaño de 65 campos de fútbol, todas las dependencias del partido judicial de Madrid. Hace tres semanas se presentó la maqueta y en verano comenzarán los trabajos, que se esperan concluidos entre 2027 y 2028 tras una inversión de 650 millones de euros y que materializarán finalmente una iniciativa ideada hace dos décadas, durante la presidencia de Esperanza Aguirre.
Previsiblemente, la presidenta madrileña también se referirá a otra megainversión, la de la Ciudad de la Salud, que unificará al norte del Paseo de la Castellana la ampliación del hospital de La Paz y las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Se calcula que las actuaciones supondrán más de 1.000 millones de euros y no estarán concluidas hasta entrada la próxima legislatura, pero las dos primeras obras, la construcción de la futura Unidad de Protonterapia y el edificio que integrará la maquinaria necesaria para que todo el complejo funcione, acaban de salir a licitación.
Al mismo tiempo se ha iniciado la construcción de 25 nuevos centros de atención primaria, 11 en la capital y 14 en otros tantos municipios de la región. La cifra, en cambio, contrasta con la necesidad de profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid. Un demoledor informe dado a conocer en abril por el sindicato médico Amyts señala que en la región solo uno de cada cuatro centros tiene su plantilla al completo y que para completar el resto hacen falta 417 médicos de familia y 139 pediatras. Ayer mismo, unas 30.000 personas se manifestaron en las calles de la capital en demanda de una sanidad pública ‘universal y de calidad’.
También durante lo que va de legislatura se ha dado luz verde al Plan 40/40 para la construcción de 40 residencias y 40 centros de día para mayores y dependientes de aquí a 2030. Con un máximo de 150 residentes por centro, se organizarán en unidades de convivencia de hasta 25 personas según un modelo de atención que busca ganar en proximidad y serán de gestión privada. Todavía no se sabe dónde se construirán, los técnicos de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales están evaluándolo, pero sí se ha anunciado que la primera será en el barrio de Las Rosas, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas. Aún están elaboración los pliegos del contrato, que se espera poder adjudicar antes de que acabe este año para que las obras arranquen en 2026.
Metro y vivienda
Sí que podrá mostrar Ayuso resultados más tangibles en materia de transportes. El 21 de abril, hace apenas un mes, comenzaba a funcionar, probablemente con menos pompa de lo que hubiera gustado en Sol tras una polémica con el ministro Óscar Puente sobre quién la ha financiado, la ampliación de la Línea 3 de Metro, la primera extensión inaugurada en cerca de 10 años y que ofrece en la estación de El Casar un nuevo punto de conexión de Metrosur, la línea circular entre los grandes municipios del sur de la capital, con el resto de la red del suburbano.
Hace una semana se anunciaba, además, el comienzo de las obras de extensión hasta el aeropuerto de la Línea 5 desde Alameda de Osuna, prosiguen los trabajos en la Línea 11, que se confía llegue de Plaza Elíptica a Conde Casal, pasando por Atocha, a principios de la próxima legislatura, y arrancarán este fin de semana las obras para adecuar la infraestructura de la Línea 6 a los futuros trenes sin conductor.
En el debe del gobierno de Ayuso está el problema heredado de la Línea 7B, con filtraciones y hundimientos. En 2022 se decidió el cierre entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, final de la línea. En principio, para acometer trabajos de consolidación y que siguiera operando una vez concluidos, pero el pasado verano ya se empezó a poner sobre la mesa la posibilidad de que no se reabriera. Entretanto, 73 viviendas han tenido que ser demolidas. En julio de 2024 se dejó de operar el servicio de otras tres estaciones; San Fernando, La Rambla y Coslada Central. Se presentaron como unos trabajos de ‘mejora y señalización’ por un periodo previsto de nueve meses, pero el pasado 18 de marzo el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, postergaba la reapertura hasta septiembre.
Desde la Comunidad se muestra también satisfacción con el Plan Vive, el plan de construcción de más de 11.000 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible de las que ya se han entregado 3.823 y otras 4.500 están en fase de edificación o comercialización. Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid se ha puesto el acento recientemente en el elevado número de rechazos y desistimientos que está habiendo en el programa por las condiciones para optar y las deficiencias en los acabados de algunas promociones, pero el Gobierno regional minimiza estas críticas y subraya el aspecto cuantitativo: Madrid está liderando la construcción de vivienda protegida en toda España, con el 53% de las calificaciones provisionales otorgadas en 2024.
Más difícilmente contestable es el crecimiento de la economía madrileña, con cifras a la cabeza de España en términos de PIB (hasta el 19,6% de la renta nacional), creación de empresas y empleo. Todo ello, además, como gusta insistir en el Gobierno regional y como convenientemente enfatizará Ayuso este miércoles, bajando impuestos. Hasta 12 rebajas fiscales ha aprobado la Comunidad de Madrid desde 2023, la más reciente este mismo mes para duplicar la bonificación, del 25 al 50%, del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos tíos y sobrinos. En total, estima la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, los recortes de impuestos en lo que va de mandato han supuesto unos 542 millones de euros.
En gran medida ese desempeño económico de Madrid tiene que ver con el sector servicios, y en buena parte ha contribuido a ello el auge turístico que viven la capital y, por extensión, la región. Con una cifra récord de 16,5 millones de visitantes y 19.595 millones de euros de gasto en 2024, el sector ya aporta el 8,6% del PIB y el 7,6% del empleo regionales.
El frente educativo
Madrid lidera, por otra parte, la captación de inversiones internacionales en sectores de alta tecnología. Hasta 8.300 millones de euros entraron en al comunidad en 2024, un 85,3% de toda la inversión extranjera en esta materia en España, según el gobierno regional. La apuesta en este sentido ha sido clara. Pese a diseñar un gabinete corto, con solo nueve carteras, Madrid es la única región que tiene una Consejería de Digitalización, exclusivamente con competencias que en otras autonomías se asumen en departamentos más amplios como Educación, Universidades o Industria. Las empresas de la región lideran la implantación de la inteligencia artificial en España (el 12,8% de compañías la usan, frente al 9,6% de media nacional), mientras desde la administración regional se ha incorporado a 149 procesos, la mayoría en aplicaciones sanitarias como la mejora en el cribado de cáncer de pulmón. Además, se está promoviendo la digitalización en la relación de los ciudadanos con la administración para aligerar la carga burocrática a través de plataformas como la Tarjeta Sanitaria Virtual o la Cuenta Digital.
Frente a ello, el Gobierno de Ayuso ya ha anunciado que promoverá una suerte de desdigitalización en las aulas. Se trabaja en un decreto que prohíbe la utilización individual de dispositivos en clase hasta los 12 años y limita el uso compartido en todos los colegios públicos y concertados con la intención de que esté listo para empezar a aplicarse el próximo curso. Además, 52 colegios de Primaria incorporarán 1º y 2º de la ESO para retrasar la entrada de los alumnos en los institutos y se favorecerá el retorno a la jornada partida, también desde el próximo curso.
La conflictividad, en cambio, parece lejos de apaciguarse en el frente educativo madrileño. La Consejería alcanzó hace unas semanas con los sindicatos un acuerdo para la progresiva reducción de jornada de los profesores de Secundaria, entre otros aspectos relativos también a otras etapas educativas. El pacto ponía fin aparente a un tira y afloja de más de un año y medio, pero sus términos no han sido aceptados por algunas plataformas docentes, que la semana pasada salieron a la calle para protestar por la situación de la educación pública. Para terminar de complicar el cóctel, la comunidad educativa mira con recelo a la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) en elaboración y, en particular a la financiación y el anuncio de que el nuevo texto empujará a las universidades públicas a buscar por su propia cuenta parte de los recursos que precisen, para lo que habilitará ‘herramientas de autofinanciación’ prevé herramientas como la gestión de sus propias carteras de inversión o de sus inmuebles.
Entretanto, Ayuso sacará brillo a otros logros de estos dos años como la compra de Velintonia, la residencia del poeta Vicente Aleixandre en la que se planea alojar una Casa de la Poesía de cara al centenario en dos años de la Generación del 27 o la llegada a Madrid de la Fórmula 1, la NFL o el Eurobasket de 2029. También de dos apuestas de la legislatura de marcado carácter ideológico en ese afán de proyectar Madrid como ‘España dentro de España’ que la presidenta regional verbalizó en 2020. Una es la creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que debutó el 12 de octubre y que apenas dos meses después vivió la sorpresiva salida de su director, Jesús Carmona. La otra, tiene que ver con una expresión que le gusta mucho utilizar a Ayuso. ‘Madrid’, suele repetir, ‘es la plaza mayor de la Hispanidad’. El festival que con ese nombre se celebra en la capital en torno, precisamente, al 12 de octubre aumentó el año pasado su presupuesto un 40%.
