La advertencia lanzada esta semana por las grandes compañías eléctricas sobre la saturación de la red inquieta en la Comunidad de Madrid. No es solo la patronal CEIM la que ha expresado su ‘profunda preocupación’ y reclamado inversiones al Gobierno para garantizar las conexiones. El Ejecutivo regional también teme que esta falta de capacidad comprometa futuras inversiones, particularmente en un sector que crece especialmente en la comunidad, el de los centros de procesamiento de datos.
Endesa, Iberdrola, EDP y Naturgy, que controlan el 90% de las redes de distribución española, advertían este martes de que el 83,4% de los nudos de sus infraestructuras está saturado y que tienen que rechazar peticiones de conexión. La situación es particularmente acuciante en País Vasco o La Rioja, con el 99% de capacidad ya ocupada por consumidores activos o por derechos de conexión. Pero la saturación en Madrid supera el 80%, alcanza concretamente el 82%. Y el Gobierno regional ha alzado este miércoles la voz de alarma.
‘Lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo’, señalaba este miércoles el portavoz del Ejecutivo de Ayuso y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. ‘Existe una falta de planificación estratégica por parte del Gobierno central, que no busca soluciones a una crisis energética que se va a seguir agudizando y que merma las capacidades de desarrollo económico de nuestro país, y especialmente de la Comunidad de Madrid’.
Los problemas de conexión a la red eléctrica, entienden en la Comunidad de Madrid, comprometen tanto el crecimiento de futuros desarrollos urbanísticos que alivien la situación de dificultad de acceso a la vivienda que tiene la región como la constitución o llegada de empresas con proyectos inversores. Y en este sentido se apunta de manera especial a los centros de datos.
La Comunidad de Madrid se ha situado en los últimos años en vanguardia en este sector dentro de España. Según datos presentados esta misma semana por la Consejería de Digitalización, la región acumula el 55% de la capacidad total de procesamiento de datos del país, lo que la coloca en cabeza por delante de Aragón, que acumula un 30%, y Cataluña, con el 12%. Madrid suma 46 infraestructuras de esta naturaleza, 35 de ellas en funcionamiento y 11 en construcción.
Desde el departamento que dirige Miguel López-Valverde se insiste en que solo en 2024 el crecimiento del sector en la Comunidad llegó a ser del 33% hasta alcanzar los 216 megavatios (MW), que sumarán un total de 522 MW cuando los proyectos en construcción estén operativos. Pero las previsiones son que esa capacidad pueda llegar a duplicarse para 2030 hasta los 1,7 gigavatios (GW) con un potencial de llegar a los 3,9 GW. Madrid es ya la quinta plaza europea en procesamiento de datos tras Londres, Fráncfort, Ámsterdam y París. Entre 2021 y 2024, momento del despegue en Madrid, la capacidad en la región se elevó en un 89,3%.
Todo ese desarrollo tiene también un impacto en el empleo. Desde la Comunidad de Madrid se prevé una inversión del sector en la región en los próximos tres años de 23.400 millones de euros, 8.700 millones de euros en inversión directa y 14.700 millones de euros en inversión indirecta. Actualmente, se calcula que los centros de procesamiento de datos generan en Madrid alrededor de 8.300 empleos. Una cifra que la Consejería de Digitalización dispara hasta los 35.000 en sus previsiones para 2030. ‘Pero para ello necesitamos que se pueda seguir invirtiendo en nuestra región en los próximos años’, mantiene el portavoz del Gobierno regional. En Sol se teme que este desarrollo económico y de empleo pueda ‘frustrarse’ como consecuencia de la falta de inversión del Gobierno central en la red eléctrica.
Desde la Comunidad se recela también del real decreto que prepara el Ministerio de Transición Ecológica relativo a la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos. Estas instalaciones son altamente consumidoras de electricidad y agua para su refrigeración. La Unión Europea estima que en 2018 copaban el 2,7% de la demanda eléctrica del continente y que en 2030 puede alcanzar el 3,21%. Por ello insta a promover un desarrollo sostenible en el sector. El texto que ya ha presentado el departamento de Sara Aagesen establece, en cumplimiento de lo que demanda la normativa europea, que los centros de datos deben informar anualmente, entre otras cuestiones, del consumo total de energía y el aporte de agua.
Además, obliga a aquellos con una entrada de energía 1 MW a utilizar el calor residual para proporcionar servicios de climatización u otras aplicaciones de calor. Adicionalmente, los de una potencia superior a 100 MW, deberán acreditar ‘cumplir las mejores prácticas del sector, considerándose para ello estar situados dentro del 15% de instalaciones con mejores prestaciones’ en indicadores como eficacia en el uso de la energía y el agua o factor de reutilización de la energía. Circunstancias que, aseguran en la Consejería, podrían ‘restar competitividad’ con otras regiones europeas.
