Están a falta de concretar los planes que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) tiene para los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, pero el hecho de que haya recibido la titularidad de ese suelo, hasta hace unas semanas propiedad de otra empresa pública, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), dependiente del Ministerio del Interior, anticipa un avance en la futura construcción de vivienda pública. Desde el cierre de la histórica Prisión Provincial de Madrid, en 1998, y su posterior demolición, en 2008, el espacio, de más de 170.000 metros cuadrados concita las expectativas y no pocas frustraciones de los vecinos de la zona.
Ya en el año 2010 se firmó un convenio para nuevos usos, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando la Junta de Gobierno dio luz verde inicial al plan para la urbanización del ámbito. Para el futuro de esos terrenos se establecen, entre otras dotaciones, un hospital y se reserva algún espacio para darle uso educativo. Pero, además, hay previstas allí un total de 600 viviendas de las que para, al menos, 190 se observaba algún tipo de protección. El proyecto respondía en parte a los intereses de Siepse para financiar la operación. Pero con el cambio de titularidad Siepse sale de la ecuación. Como ha escrito su presidenta Sofía Hernanz en carta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para informarle de la transmisión de los terrenos a Siepse, ‘el Gobierno de España ha decidido impulsar la construcción de vivienda y, para ello, la sociedad a la que represento ha trasferido una amplia cartera de inmuebles’.
El objeto, por tanto, es dar suelo a la nueva empresa pública de vivienda estatal puesta en marcha por el Ejecutivo de Sánchez. Y como recuerda el concejal del PSOE de Madrid Antonio Giraldo, portavoz de la formación en la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital y buen conocedor de las vicisitudes en torno a los terrenos de la antigua prisión, ‘cuando se anunció esa empresa se dijo que no iba a vender viviendas’. En otras palabras, que la proporción de viviendas no ya protegidas sino de titularidad pública y destinadas al alquiler, superará previsiblemente esa proporción mínima del 30% que se recoge actualmente. Hay una pequeña parcela de todo el ámbito a urbanizar que pertenece a Pryconsa y el Ayuntamiento también tiene alguna de las parcelas destinadas a construir vivienda, pero la mayoría del suelo es el que Siepse acaba de transferir a Sepes.
Precisamente la proporción de vivienda pública es una de las reivindicaciones en la que más han venido insistiendo los vecinos. La Coordinadora Vecinal por el Uso Social de los Terrenos de Carabanchel editó hace unos meses un periódico en el que detallaban sus demandas y una de ellas era que el 100% de la vivienda que se construyera allí fuera pública. Como expresa ahora Ángel Hernández, uno de sus portavoces, ‘esta noticia es muy importante; en términos futbolísticos, podríamos decir que, tras varios meses de presión, hemos conseguido meter un gol, y vamos ganando el partido. Pero el partido no ha terminado. Veremos si este primer y gran paso recoge verdaderamente nuestras aspiraciones, en cuanto a la vivienda’.
Un Centro de Memoria
Desde los colectivos vecinales se reclama que el Ayuntamiento de Madrid también destine a alquiler asequible la totalidad de viviendas que se construyan en sus parcelas y se reclama la compra de la parcela de Pryconsa, pese a que se reconoce que en términos de superficie es algo residual. Además se insta a que en esas futuras viviendas se promueva la convivencia intergeneracional, de manera que favorezcan el contacto entre ‘No vamos a bajar la guardia y vamos a mantener la presión, para asegurar nuestras reivindicaciones’, añade Hernández, quien recuerda que el sábado 1 de febrero celebrarán una jornada reivindicativa en el entorno de los terrenos de la cárcel con la vivienda como eje.
Las demandas en relación con el futuro de los terrenos van, no obstante, más allá de la vivienda. Protestan especialmente contra el trazado de algunas de las futuras calles, con dos carriles por sentido, cuando entienden que basta con un solo carril por sentido, sin necesidad de ocupar una parte de terreno público hoy utilizada por los vecinos como parque. Y son especialmente críticos con el tramo que partiendo de la Avenida de los Poblados sube hacia una futura rotonda de 60 metros de diámetro que ‘no dirige a ninguna parte’, apunta Hernández, justo ante el parque de Eugenia de Montijo.
También piden la creación de un Centro de Memoria dedicado a la historia de la propia cárcel de Carabanchel, un espacio en el que estuvieron encerrados, entre otros, el histórico dirigente sindical Marcelino Camacho o el político socialista José Luis López de Lacalle, asesinado por ETA años después. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya ha incoado el procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la antigua cárcel. Pero desde las asociaciones de vecinos aseguran que, aunque exista el compromiso de creación de ese futuro centro memorialista, no ha habido acercamientos para definir ‘ni qué espacio se reservaría ni cómo’. No será, en cualquier caso, donde a ellos les gustaría: el controvertido Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, en lo que era el antiguo hospital penitenciario, cuyo cierre exigen.
