Como estaba previsto, el abogado Gonzalo Boye llegó a la Audiencia Nacional, al juicio en el que se enfrenta a una petición fiscal de casi 10 años de cárcel por blanqueo del narcotráfico, acompañado por la plana mayor de Junts. Su vicepresidente y portavoz, Josep Rius, fue el encargado de verbalizar lo que querían transmitir con su presencia: que se trata de un ‘juicio político’, de un ‘montaje con claras motivaciones políticas’, que atribuyó a que es el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, y ya puestos, responsabilizó de ello ‘a la cúpula judicial’ y lo comparó con la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación.
Aunque a la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares también se desplazaron el secretario general del partido, Jordi Turull, el presidente del Grupo parlamentario, Albert Batet, y los portavoces en el Congreso y el Senado, Miriam Nogueras y Eduard Pujol, dentro de la sala de vistas, la defensa de Boye, ejercida por el abogado Eduardo García Peña, se atuvo a términos estrictamente jurídicos.
Se limitó a pedir la nulidad de los autos de los registros que se realizaron el 19 de octubre de 2019 en el despacho y el domicilio de Gonzalo Boye, así como de los tres informes policiales, el último de febrero del 21, efectuados para analizar lo intervenido. Entre ellos figuraban varios pendrives, que ‘no pueden considerarse como prueba de delito’, porque en ellos figura ‘la estrategia de defensa de esta causa’, porque antes de su imputación, Boye era el abogado del principal acusado: José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. Al acabar la vista, Gonzalo Boye lamentó que el fiscal pidiese la intervención de todas sus ‘comunicaciones entre abogado y cliente sin discriminación alguna, desde un caso de divorcio hasta de derechos humanos, lo que ha vulnerado el secreto profesional y el derecho de defensa’.
‘El disponer el fiscal de unos documentos que no guardan relación con el procedimiento y sí con la estrategia de defensa causa indefensión’, aseguró García Peña, en una exposición de cuestiones previas abreviada con insistencia por el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, que no dudó en usar su sarcasmo para rechazar las que se lo permitían.
‘Ahora lo entiendo’, le dijo a uno de los abogados, quiere ‘que nos quitemos todos seis años; yo en vez de 68 tendría 62 y seguiría en el mismo sitio’, señaló para rechazar que un retraso de años en tomar una declaración, salvo que se alcance la prescripción, pueda ser suficiente para anular las actuaciones. También rechazó suspender el juicio porque uno de los acusados está preso en Senegal, ante su nula confianza en que las autoridades de aquel país respondan con agilidad a una petición de extradición; señaló que el consiguiente retraso de la causa perjudicaría para los encarcelados en España.
Nuevas pruebas
La defensa de Boye, además, recordó que la semana pasada aportó al tribunal ‘los registros migratorios oficiales emitidos por Colombia que demuestran que la reunión entre Gonzalo Boye, Sito Miñanco y Manuel Pedro González Rubio en el despacho del abogado, a la que alude el escrito de acusación de la fiscalía, nunca pudo producirse’, porque, según argumenta, el supuesto propietario de los 889.620 euros por los que se acusa de blanqueo al abogado estaba en esas fechas en el país latinoamericano.
Según la defensa, ello se suma a ‘un informe contrapericial de la UDYCO, basado en los geoposicionamientos de los teléfonos móviles de todos ellos’, que ‘acredita que Sito Miñanco tampoco pudo estar en el despacho de Boye en las fechas señaladas por el fiscal’, porque ‘estaba en Algeciras y Marbella’.
Al acabar la vista que continuará este martes el propio Boye argumentó estas pruebas frente a las de la fiscalía para afirmar que se sienta en el banquillo por hacer su ‘trabajo como abogado’ y responsabilizó al fiscal que formalizó la acusación contra él de basarse únicamente en el cambio de versión de ‘un presunto asesino para salir de prisión’. Aprovechando que el representante del ministerio público está ahora destinado en la Fiscalía Europea se refirió a él ‘como el que mantiene paralizado el caso Koldo’, pese a que esa investigación sigue en manos de la Audiencia Nacional.
Él y la cuarentena larga de acusados comenzarán a declarar una vez terminen los testigos. El primero en comparecer ante el tribunal fue el instructor de Policía que comenzó a la investigación contra Sito Miñanco al apreciarse indicios de que, tras salir de prisión, volvía a organizar un transporte de cocaína.
El agente contradijo la versión de la defensa y negó que el dinero por el que Boye se enfrenta a una petición fiscal de nueve años y nueve meses de cárcel fuera de González Rubio. ‘Ahí perdieron los nervios o fueron más incautos y las conversaciones evidencian que era de la organización, de Sito Miñanco […] y que ese dinero había que recuperarlo. Para ello contratan a dos abogados’ y se evidencia que no les ayudan como tales, sino que sabían que ‘era dinero del tráfico de drogas’. Por si había dudas, añadió que quien ‘dirigía la utilización de unas letras de cambio que ya habían utilizado en otra operación de narcotráfico era Gonzalo Boye’, al que en un primer momento llamó ‘González Boye’.
En la vista oral que ha comenzado este lunes, además del blanqueo del que se acusa a Boye, se juzgan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína. La acusación contra el abogado se basa en que habría colaborado para recuperar el dinero intervenido el 6 de febrero de 2017 en el aeropuerto madrileño de Barajas a Manuel Pedro González Rubio. Para las acusaciones es una de las personas que el grupo de Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia, mientras que la defensa sostiene que se trata de dinero propio para pagar la compra de una empresa de seguridad en Colombia.
Al abogado de Puigdemont se le acusa de la elaboración de unos documentos y la presentación de unos contratos de compraventa de letras de cambio que se habrían vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero en Barajas. Sito Miñanco se enfrenta a una petición fiscal de 31 años y medio de prisión.
